Vila-real redobla esfuerzos para frenar las conductas incívicas y peligrosas en el cauce del río Mijares

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado que el Ayuntamiento ha intensificado las gestiones para erradicar los comportamientos incívicos y peligrosos que se producen en el cauce del río Mijares, especialmente en la zona del azud, conocida como los "Matxos". Estas actuaciones, protagonizadas principalmente por jóvenes que se lanzan al agua desde las casetas del azud, suponen un grave riesgo para su integridad física y obligan a movilizar recursos de emergencia.

“El Ayuntamiento está tramitando el expediente necesario y, además, pondremos en marcha en breve una campaña de sensibilización y sanciones con el objetivo de frenar estas conductas temerarias”, ha explicado Benlloch. Para ello, el consistorio ha solicitado la colaboración de la Generalitat Valenciana, administración competente en materia de Protección Civil y Emergencias.

Este tipo de conductas se ha intensificado

Un informe elaborado por la Policía Local recoge que este tipo de conductas se ha intensificado en los últimos años, pese a la señalización de advertencia existente tanto en las propias casetas del azud como en los carteles instalados por el Consorcio del Paisaje Protegido del Millars. A pesar de estas medidas informativas y preventivas, los avisos han resultado insuficientes para frenar este comportamiento reincidente.

Por este motivo, el Ayuntamiento considera imprescindible recurrir a medidas sancionadoras en base al artículo 75.1.j de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Esta normativa considera infracción grave “realizar actos negligentes o contrarios a las recomendaciones e instrucciones de la Conselleria competentes en materia de protección civil o medio ambiente que provoquen la movilización de recursos de los servicios esenciales de intervención”.

Para poder aplicar sanciones conforme a este artículo, es necesaria una recomendación o instrucción expresa por parte de la Conselleria competente —en este caso, la de Emergencias e Interior, o la de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio— que prohíba el baño en el azud y en otras zonas del cauce que representen un riesgo para la vida y la seguridad de las personas.

La Ley 13/2010 establece que las infracciones graves pueden conllevar sanciones económicas de entre 6.001 y 150.000 euros, por lo que el Ayuntamiento insiste en la urgencia de contar con el respaldo de la Generalitat para poder actuar con eficacia ante este problema.