Compromís y PSPV comparten las dudas de València Acull sobre la exigencia del requisito de arraigo para acceder a una vivienda pública
La oposición cree que se legisla para beneficiar a los especuladores y piden que se cree un listado autonómico de solicitantes de vivienda pública
La consellera de Vivienda, Susana Camarero, la alcaldesa de València, María José Catalá, y el concejal de Vivienda, Juan Giner, visitan una promoción de viviendas públicas en València / Ayuntamiento de València
València
Compromís insiste en que las políticas de vivienda del PP siempre tratan de beneficiar a los especuladores y, cuando puede, a los suyos. Medidas cosméticas que no benefician a la población más vulnerable, como alertaba este domingo aquí en la SER València Acull, que ha anunciado que va a llevar al Síndic de Greuges el requisito de arraigo, esos siete años de empadronamiento que se van a exigir para acceder al alquiler asequible.
La organización, ya saben, alerta de que esto va en contra de la inclusión de las personas migrantes y cree que esta medida podría vulnerar la ley estatal y autonómica.
Compromís también considera que no tiene ningún sentido que se mezclen requisitos que excluyen o se eliminen otros para entrar por la puerta de atrás, como ha pasado en Alicante.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, asegura que la política de vivienda no puede ser un parque de atracciones de afinidades, debe ser un instrumento para garantizar derechos.
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Papi Robles (Compromís) sobre el requisito de 7 años de empadronamiento para optar a una vivienda pública en València
Mientras, los socialistas anuncian que van a presentar una moción al pleno municipal para instar a la Generalitat a crear un listado autonómico de solicitantes de vivienda pública y que tanto las administraciones como los promotores tengan la obligación de entregar las que se vayan construyendo a los inscritos de su ciudad por orden de solicitud.
De esta manera, según la concejala del PSPV, Elisa Valía, se evitarían casos como los de Alicante, pero también que aquí se acabe con el descontrol provocado por el gobierno de Catalá en la entrega de las viviendas públicas promovidas por constructoras privadas.
Recuerda que en la segunda operación de permuta realizada por el consistorio quedaron afectadas 39 familias a las que se les rescindió el contrato por parte de la promotora y se les quitó la posibilidad de acceder a una vivienda protegida.
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Elisa Valía (PSPV) propone un registro de VPP autonómico "para que Catalá no eluda los controles"
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Manuel Gil
Redactor en Radio Valencia - Cadena SER desde 2010. Se encarga de la información municipal del Ayuntamiento...
