"Querían pruebas del pago de comisiones en Colombia"

Madrid

La declaración de otro director de una agencia de detectives imputado, vinculado al encargo del espionaje con cámara oculta en Colombia, asegura ante el juez que recibió dos encargos a través de un mismo despacho de abogados que actuaba en nombre de un grupo de empresarios. El objetivo era demostrar si, como sospechaban, había irregularidades en las obras que adjudicaba el Canal. Según la declaración, los empresarios solicitaron los servicios del bufete porque no recibían ninguna adjudicación al negarse a pagar comisiones.

El sumario sobre los seguimientos a Ignacio González incluye la declaración policial y judicial de un detective imputado, director de una agencia en Madrid, vinculado al espionaje con cámara oculta en Colombia. A preguntas del juez, reconoce que en julio de 2008 un despacho de abogados de Madrid se puso en contacto con él proponiéndole realizar algunas averiguaciones que se concretaron en dos trabajos.

El primer encargo se limitó a la investigación patrimonial de Ildefonso de Miguel, entonces gerente y número dos de Ignacio González en el Canal de Isabel II, sobre quien existían sospechas "de que estaría lucrándose del cobro de comisiones por la realización de obras y servicios de la empresa pública de aguas". El despacho de abogados fue contratado por un grupo de empresarios para corroborar las sospechas que tenían sobre posibles irregularidades ya que, "según los abogados, no recibían ningún contrato por negarse a pagar las comisiones que le solicitaban desde la dirección del Canal de Isabel II".

El segundo encargo, en agosto de 2008, llegó desde el mismo bufete y le advierte del viaje que iba a realizar a Colombia una delegación del Canal compuesta por cinco miembros. "El objetivo del servicio -dice el imputado- era obtener pruebas gráficas del pago de comisiones". Según le informaron los abogados, continúa en su declaración, sospechaban de reuniones comerciales donde hubiera pagos irregulares por obras a realizar en países de Sudamérica. Por este motivo, le proponen preparar un dispositivo de seguimiento y vigilancia a la cúpula directiva en Cartagena para verificar si se producían esas reuniones y esos pagos.

Empresarios sin identificar

Según el imputado, no se hizo cargo directamente de este espionaje por el cual el bufete ofreció unos honorarios entorno a 30.000 euros. Asegura que lo derivó a otro compañero de profesión el cual reconoce en el mismo sumario ser el autor del espionaje.

La policía asegura en uno de sus escritos de conclusiones desconocer "el nombre de empresarios que, a través del despacho, supuestamente contrataron los servicios de una agencia de detectives, ya que su responsable imputado no lo reveló alegando confidencialidad. Ni tan siquiera se puede precisar - continúan los agentes policiales - si el encargo lo efectuaron estos empresarios u otras personas que no tengan nada que ver con el mundo empresarial".

La instrucción del caso de seguimientos al vicepresidente del Gobierno de Aguirre, Ignacio González, sigue abierta en el juzgado número 47 de Madrid.