"No más derribos, señora Botella"

Es la primera vez que los grupos en la oposición municipal hacen un comunicado conjunto. La idea ha partido de los nuevos, de Unión Progreso y Democracia, con motivo del primer aniversario de la aprobación de la Ley 2/2011, más conocida como Ley de la Cañada Real.

La situación en esta zona de la región, que afecta a los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada, es "una herida, una indignidad, un problema hiriente y lacerante", en palabras de los portavoces municipales de la oposición.

Pero lo más urgente pasa por dos medidas. La primera es la paralización de derribos en aquellas viviendas que fueron ocupadas antes de la aprobación de la ley. Esto, puntualizan, siempre y cuando esas edificaciones no se estén utilizando para desarrollar actividades ilegales - tráfico de drogas -. En opinión de Jaime Lissavetzky, portavoz socialista, "no se puede entrar con la piqueta a demoler estas viviendas sin tener en cuenta los problemas que se generan a los seres humanos que allí habitan". Todos coinciden en la emergencia social que se deriva de los "derribos indiscriminados", como los ha calificado Ángel Pérez, de Izquierda Unida.

El segundo punto está íntimamente relacionado con la norma que la propia Comunidad de Madrid sacó adelante de manera unilateral. En concreto, la oposición quiere que la alcaldesa Botella "coja el toro por los cuernos" y defienda la autonomía del Ayuntamiento de Madrid. O, lo que es lo mismo, que exija al gobierno de Esperanza Aguirre que cumpla su propia ley: "el retraso de la convocatoria de la comisión social cuando la propia ley da un plazo de dos años para hacer esa comisión, y en caso de desacuerdo la Comunidad se ve libre para empezar a gestionar el ámbito, lo único que persigue es poner en peligro la capacidad de planeamiento de los ayuntamientos", resume Pérez, portavoz de Izquierda Unida en la capital.

Un asunto que no han incluido en este comunicado conjunto, pero en el que también coinciden los tres grupos, es en la necesidad de buscar soluciones en la misma línea que las que se van a dar a la Cañada para el asentamiento chabolista del Gallinero. Una zona en la que no hay el mismo conflicto urbanístico que en la vía pecuaria - sobre la propiedad del suelo -, pero en el que los problemas sociales, en opinión de David Ortega, de UPyD, son incluso más alarmantes: "son entre 90 y 100 familias de origen rumano, el índice de menores es de los más altos de toda la zona, y esto hace que los problemas se agudicen".

La unión, creen, hace la fuerza y esperan que el Ayuntamiento supere lo que califican de "sordera" frente a la oposición. El resultado, en opinión de UPyD, de tantos años de mayoría absoluta del Partido Popular.