El exconsejero Fernández niega que se haya beneficiado del ERE de González Byass

El derecho laboral ha planeado esta mañana por la sala en el interrogatorio de la jueza Mercedes Alaya al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, centrado en el ERE de las bodegas Gonzalez Byass

La magistrada le imputa no haberse abstenido en la negociación de la empresa donde trabajó, haber intentado cobrar una póliza pagada con fondos públicos y pretender cobrar un despido improcedente. Fernández ha argumentado a todas estas acusaciones.

Antonio Fernandez explica que se abstuvo "de hecho" de entrar en esa negociación aunque no formuló abstención por escrito porque no existía un órgano superior en la Consejería ante quien hacerlo y porque al respecto resolvía la Dirección General de Trabajo.

El exconsejero ha insistido en que nunca quiso cobrar el dinero de la póliza y pretende demostrarlo diciendo que no firmó el boletín de adscripción el día que lo hicieron los otros 93 prejubilados de González Byass. Fernández sí está dispuesto a cobrar los 31.000 euros de su despido improcedente, ya que se paga con fondos de la empresa y él piensa que mantenía la relación laboral con la Bodega. El exalto cargo afirma que no estaba obligado a solicitar una renovación de la excedencia que pidió en los años 80 porque cuando se ocupa cargo de representación rigen las leyes orgánicas que amparan los derechos fundamentales, y no el convenio colectivo.

Antonio Fernández no ha podido contener su indignación ante estas imputaciones que ponen en entredicho su honor. "Estoy indignado" ha manifestado y la magistrada le ha respondido que lo entiende pero que ella cumple con su deber.

Al final del interrogatorio el exconsejero le ha dicho a la jueza que "siempre he tenido criterio y conciencia de trabajar desde el principio de la legalidad y de la legalidad presupuestaria".

Esta tarde será el turno del interrogatorio del fiscal.