Sociedad

El Cuco tendrá que pagar la búsqueda de Marta en el Guadalquivir

El Tribunal Supremo (TS) inadmite el recurso de "El Cuco" y hace firme la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que condenó a Francisco Javier García Marín, conocido como el ''Cuco'', y a sus padres al pago de una indemnización de 414.908 euros por el coste de las tareas de búsqueda del cuerpo de la joven Marta del Castillo en el río Guadalquivir. En un auto la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación presentado por el abogado de el "Cuco".

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Francisco Javier Martín está condenado, en sentencia firme, a dos años y once meses de internamiento seguido de un mes de libertad vigilada por un delito de encubrimiento en relación al crimen de Marta. Fue absuelto de un delito de violación y de otro de asesinato. Ahora también tendrá que indemnizar, junto con sus padres, a las administraciones que participaron en las tareas de búsqueda del cuerpo de la joven en el río Guadalquivir, el lugar donde él confesó que arrojaron el cadáver en sus primeras declaraciones. La indemnización corresponde a la Administración General del Estado, el Puerto de Sevilla, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ayuntamiento de Sevilla.

Fernando de Pablo, el abogado del ''Cuco'', hacía referencia en su recurso ante el Supremo, a dos sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional que "versan sobre supuestos semejantes a los enjuiciados en cuanto se produjeron las desapariciones de las víctimas de los hechos enjuiciados y en su búsqueda se emplearon importantes y costosos medios". El letrado explicaba que en ninguna "se impuso pena a los condenados consistente en sufragar y reparar los gastos ocasionados con las ingentes tareas de localización de los cuerpos".

En el auto, el Supremo subraya que "ni por la naturaleza de las contradicciones denunciadas ni por el resto de los requisitos legalmente establecidos resulta procedente la admisión" del recurso. Los jueces explican que la Ley del Menor "exige que se presente una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, con designación de las sentencias aludidas y de los informes en que se funde el interés del menor valorado en la sentencia".

 
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