
Preguntas y respuestas del 'caso de los ERE'
La jueza Mercedes Alaya ya ha imputado a casi una treintena de cargos públicos

La juez que instruye el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado en la causa que tiene abierta a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, la que también fuera consejera de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz durante 10 años, y actual Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.
¿Cómo se inicia la investigación?
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La investigación se inicia cuando unos empresarios denuncian que en nombre de la Junta les han pedido dinero después de recibir una subvención pública para montar una escuela de hostelería en Mercasevilla. El ex consejero de empleo, Antonio Fernández, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y días después el PP, con Juan Ignacio Zoido a la cabeza, presentó una denuncia en el juzgado de guardia.
Investigando dos expedientes de regulación de empleo en Mercasevilla aparecen dos personas que nunca han trabajado allí y han resultado beneficiarias de una póliza, de un ERE.
Así viendo cómo se tramitaban los ERE en la dirección general de Trabajo se descubre lo que la jueza Alaya ha llamado un sistema mantenido en el tiempo que consistía en abonar el dinero de los ERE a las aseguradoras que pagaban a su vez a empresas consultoras para que ellas hicieran los trámites oportunos (la vida laboral, etc.) de esos trabajadores. Y así en el camino se quedaban comisiones y sobrecomisiones que pagaba la Junta a estas empresas por hacer intermediar en los Expedientes de Regulación de Empleo aprobados por las autoridades laborales.
¿Qué cargos públicos están imputados? ¿Por qué?
Con este último auto ya hay casi una treintena. En el centro habría que situar al exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, que ha estado en la cárcel ya dos veces. Y a sus sucesores, Juan Márquez y Daniel Rivera. El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, también ha estado en prisión, y además, están implicados dos viceconsejeros de Empleo. Y desde hoy la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, el actual viceconsejero de presidencia, Antonio Lozano y el ex Interventor de la Junta, Manuel Gómez.
Todos han permitido que se use esa figura de la transferencia de financiación para pagar ayudas que se tenían que haber pagado como subvenciones, según la magistrada. Ayudas, que además, según estima Alaya, quizás sólo tiene potestad para pagar el Estado.Además, Javier Guerrero supuestamente ha recibido en sus cuentas dinero del que la Junta pagaba a esas empresas consultoras, a Vitalia por ejemplo, por tramitar Expedientes de Regulación de Empleo.
La jueza habla en sus autos de dinero público de la Junta, ¿dónde está ese dinero?
El destino del dinero han sido las pólizas que la Junta ha pagado para que el dinero llegue a los prejubilados, otra parte se ha quedado en manos supuestamente de responsables de Vitalia, Uniter y Estudios Jurídicos Villasís y en manos supuestamente también del exsindicalista metido a mediador y comercial en la mayoría de los ERE, Juan Lanzas y de Guerrero. Y hasta aquí, de momento, llega la investigación.
La imputación de Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda, ¿dónde nos sitúa?
Nos sitúa más cerca ya de la imputación de los demás exconsejeros de Hacienda durante el periodo investigado, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Agüayo, los dos aforados. Y más cerca estamos también de la imputación del exconsejero de Empleo y hoy diputado socialista, José Antonio Viera. Su sucesor ha estado en prisión y, de momento, a él como aforado nadie lo ha tocado.
¿Quién da más?
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Telegrama a Mercedes Alaya
