Sociedad

Anticorrupción pide a Alaya que cite a declarar a Magdalena Álvarez y al resto de los imputados

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que investiga el caso de los ERE que fije un "calendario razonable" para las declaraciones de los 20 cargos y ex altos cargos que fueron imputados en su último auto, entre los que se encuentra la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento

El Ministerio Público pone de manifiesto que "la necesidad de avanzar en la instrucción de la causa garantizado adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha exige la fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas personas imputadas", de forma "que se pueda proceder a la concreción de los hechos delictivos que se imputan".

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy que la juez Mercedes Alaya fije un "calendario razonable" para la declaración de los veinte nuevos imputados por el fraude de los ERE, entre ellos la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, para avanzar en la instrucción y garantizar sus derechos.

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En un escrito presentado ante el juzgado de Alaya, la Fiscalía exige "la fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas personas imputadas, de forma que se pueda proceder a la concreción de los hechos delictivos que se imputan conforme el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

La Fiscalía hace esta petición ante "la necesidad de avanzar en la instrucción" de la causa "garantizado adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha", que suman un centenar. En el auto con las nuevas imputaciones, la juez había fijado la primera declaración para el 25 de julio del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez.

En su escrito, la Fiscalía reitera las peticiones hechas en anteriores ocasiones para contar con más personal que estudie la "ingente cantidad de documentación" del caso, así como que el equipo técnico de la Cámara de Cuentas aporte sus conclusiones tras el trabajo sobre los procedimientos de ejecución presupuestaria.

Tras el auto con las veinte nuevas imputaciones, la Fiscalía señala que sus peticiones adquieren "si cabe, una mayor relevancia", y recuerda que una de ellas es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Intervención General del Estado informen de sus investigaciones sobre el pago de ayudas sociolaborales y a empresas.

 
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