Alaya da por sentado que Griñán conocía las irregularidades en el pago de los ERE
La jueza ha imputado dos supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos al que fue interventor de la Junta
El ex interventor afirma que no ha recibido presiones políticas para "no hacer" el informe de actuación dirigido al consejero de Hacienda, informe que sólo procede si se detecta menoscabo de fondos públicos
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La magistrada que investiga supuestas irregularidades en los ERE, Mercedes Alaya, ha dado por hecho que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tuvo "conocimiento", como consejero de Hacienda, de los informes de Intervención donde se advertía de las deficiencias e irregularidades en el sistema de pago de los ERE. Sin mencionarlo expresamente, Alaya se ha referido en esos términos a José Antonio Griñán al introducir una pregunta en el interrogatorio al exinterventor de la Junta, Manuel Gómez.
La jueza ha imputado dos supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos al que fue interventor de la Junta durante una década. Manuel Gómez ha negado que hubiera recibido presiones políticas para no elaborar el informe de actuación que hubiera llegado al consejero de Hacienda. "Habría acabado en un cajón por parte del consejero competente en la Agencia Idea". Y ha añadido que el decreto 9/99 no le permite hacer el informe de actuación porque sólo es posible cuando se aprecia menoscabo de fondos públicos. La declaración, de momento,es muy técnica. "Está siendo un debate sobre derecho administrativo", ha manifestado uno de los letrados presentes.
El exinterventor ha ratificado su declaración ante la comisión parlamentaria y también las dos cartas que hizo públicas más tardes. Por un lado, manifestó que el marco legal para pagar las ayudas socio laborales era legal. Y por otro, señaló que el consejero de Hacienda y la viceconsejera "cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".
La declaración de este imputado es vital para las defensas y para las acusaciones. Su interrogatorio es clavel para el futuro procesal de José Antonio Griñán en este caso. El alto funcionario supervisaba los números y las cuentas de la Agencia Idea y los pagos que efectuaba en concepto de ayudas socio laborales pero no tenía acceso a los expedientes de los ERE, que estaban en la consejería de Empleo.
