La Justicia paraliza de nuevo la privatización de seis hospitales de la Comunidad de Madrid
Es la respuesta judicial al recurso que presentó hace meses la asociación de médicos a Afem y el despacho de abogados López & Rodó
Imagen de la facha central del Hospital Infanta Leonor en Vallecas / COMUNIDAD DE MADRID
En su escrito pedían la suspensión cautelar de la privatización sanitaria en Madrid porque entendían que "se vulneraba los derechos fundamentales de los trabajadores, pero en especial el de los pacientes al crear un 'aparheit' sanitario de la población afectada al quedar su salud en manos de empresas privadas, sufriendo un trato discriminatorio respecto al resto de los madrileños".
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Al juez no le ha temblado el pulso, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha aceptado esa medida cautelar y ha dictado la suspensión cautelar de la privatización de los seis hospitales "hasta que sea dictada sentencia firme que ponga fin al procedimiento", según el auto que ha notificado a las partes este martes. Según el magistrado existen motivos para no creerse el argumento de la administración, que asegura que detrás de la privatización está el ahorro.
"Al margen de que esta cuestión resulta una incógnita en el momento actual (existen datos sobre países en los que la gestión privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro por, entre otros factores, la interposición más operadores) y al margen, también, de que no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia, lo cierto es que, en un supuesto tan particular como éste, asiste la duda al plantearse si el interés general se concreta en ese ahorro de costes que proclama la Administración o si, por el contrario, el interés general demanda el mantenimiento del sistema que ahora se pretende cambiar", argumenta el juez en su auto, al que ha tenido acceso la Ser.
Pero además, en su explicación el magistrado remarca que de existir en un futuro ese ahorro es "virtual, al estar basados en cálculos hipotéticos que pueden no responder a la realidad".
El fiscal, a favor de la suspensión
El juez toma "prestados" (es una expresión literal del auto) los argumentos del fiscal (que ya presentó un escrito también a favor de esta suspensión cautelar el pasado 28 de julio) alegando que no suspender este proceso "tendría consecuencias irreparables, dada la magnitud del nuevo modelo" impuesto por el gobierno de Ignacio González. Y teniendo en cuenta, además dice el Fiscal "que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite otro recurso".
Sanidad exigía una fianza si había suspensión
La Comunidad de Madrid contemplaba este escenario, de hecho el letrado de la Consejería de Sanidad había solicitado que los recurrentes - es decir, AFEM- depositasen una garantía (fíanza) para "responder de los perjuicios que pudieran derivarse de la adopción de la medida cautelar". Pero el juez también ha rechazado esa caución que el letrado de la Administración "ha cifrado en más de 65 millones de euros, cantidad a la que asciende, según argumenta, el ahorro que supone para las arcas autonómicas la gestión privada de sus hospitales durante seis meses."
La Cadena SER se ha puesto en contacto con la Consejera de Sanidad de Madrid, están evaluando el alcance de este auto, y nos confirman que "lo vamos a recurrir en el plazo de 15 días que nos da el juez". En cualquier caso, este miércoles, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty ha convocado a los medios para dar mas detalles sobre el impacto que va a tener este decisión judicial. A diferencia de la suspensión cautelar que ya dictó otro juzgado el pasado mes de julio, en este caso, la suspensión afecta a un proceso ya activado porque el pasado 19 de agosto la Comunidad de Madrid firmó la adjudicación definitiva de los seis hospitales, a las tres empresas que optaban, Sanitas, Ribera Salud (junto a El Corte Inglés y OHL) y a Hima San Pablo.
Por cierto, en este último caso con irregularidades porque tal y como adelantó la Cadena SER este martes, la Consejería de Sanidad cometió un error al incluir en los documentos oficiales el Código de Identificación Fiscal (CIF) de las constructoras que levantaron esos hospitales, en lugar del CIF de la empresa puertorriqueña. Esta irregularidad, admitida a la SER por el departamento de Fernández-Lasquetty, también llegará a los tribunales.
