Magdalena Álvarez recurre su imputación al entender que los hechos "han prescrito"
La ex ministra cree además que la jueza "vulnera" su tutela judicial efectiva al no concretar los delitos cometidos
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La exministra y exconsejera andaluza, Magdalena Álvarez, durante una presentación (Imagen de archivo)EFE
La exministra y exconsejera andaluza, Magdalena Álvarez, pide a la Audiencia de Sevilla que declare nulo el auto de la jueza instructora de los ERE en el que la imputan. Álvarez argumenta que ese auto no concreta los hechos y, por tanto, vulnera su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y le provoca indefensión.
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En el recurso al que ha tenido acceso la SER, la exconsejera considera que los delitos que "parece" que se le imputan, prevaricación administrativa y malversación, están prescritos porque responden a la aprobación de una Orden de hace diez años. Una Orden de 4 de junio de 2003 que introducía la figura de la transferencia de financiación para pagar las ayudas sociolaborales en Andalucía.
El escrito remitido a las partes por el juzgado instructor, señala que Magdalena Álvarez "ni conoció ni pudo conocer que los pagos efectuados" por la Consejería de Empleo o la Agencia Idea a empresas en crisis "estaban siendo indebidamente ejecutados ni que de ello se derivara una malversación de fondos públicos". Tampoco se le puede atribuir, explica el recurso, "la omisión de medidas dirigidas a impedir la indebida gestión de los fondos porque nunca conoció ningún informe de la Intervención" en los que se advertí a de la improcedencia de la figura de la transferencia de financiación para conceder ayudas.
Magdalena Álvarez echa balones fuera y los lanza a la portería de la consejería de Empleo o a la Agencia Idea, las administraciones que tramitaban y pagaban los ERE.
Álvarez argumenta que ella "no es responsable de que terceras personas hubieran podido malversar dinero público" y tampoco pudo tener conocimiento de que los pagos se hacían "de modo indebido".
El recurso insiste en la tesis de las defensas. A saber, que "resulta incongruente calificar como ilegal lo que la ley avala" porque la figura de la transferencia de financiación está recogida en la memoria de las leyes de presupuestos avaladas por el Parlamento de Andalucía. Y, también, conocida por la Cámara de Cuentas que nunca advirtió de ninguna irregularidad
