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Martes, 10 de Diciembre de 2019

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Confirmada la condena de Martín Serón por el Caso Troya

Según el fallo, el alcalde y edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, pidieron de forma reiterada 122.000 euros a un constructor de la localidad

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), durante una comparecencia ante los medios de comunicación (Imagen de archico) /

El Tribunal Supremo confirma la sentencia emitida en enero de 2012 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga en la que se condenó al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, al pago de una multa de 200.000 euros y a un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de cohecho impropio al pedir 122.000 euros a un constructor a cambio de una licencia.

El supremo confirma la sentencia que condenó al alcalde popular de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, a un año de suspensión y doscientos mil euros de ultra por un delito de cohecho impropio dentro del marco de la operación Troya. En enero de 2012 la sección octava de la audiencia provincial de Málaga dictaba esta sentencia en la que condenaba a la misma pena por el mismo delito al concejal de urbanismo del ayuntamiento de Alhaurín el Grande.

Según el fallo, ambos acusados con el ánimo de enriquecerse pidieron de forma reiterada 122.000 euros a un constructor de la localidad como contrapartida a una licencia de obras entre los años 2006 y 2007.

El caso Troya llego a la Audiencia provincial de Málaga en septiembre de 2010 en un juicio que comenzó con 20 procesados, entre ellos 18 constructores a los que la fiscalía retiró la acusación a lo largo de la vista oral al no quedar acreditada la ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a cambio de dinero por el alcalde y el concejal de urbanismo. De hecho el fallo posterior es coherente con esta postura porque aseguraba que no existía una trama en la localidad para el enriquecimiento ilícito de Martín Serón y Guerra.

Sin embargo, en el apartado en el que los condena la sala es especialmente Dura al entender que: el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, "de común acuerdo" con Martín Serón, y siguiendo las "órdenes" de este, "exigió con insistencia" al promotor José Burgos Leiva el pago de 122.000 euros "como contrapartida" a una licencia para la construcción de 14 viviendas. Tanto Martín Serón como Guerra "actuaron con ánimo de enriquecerse" y se "sirvieron de la ventaja que les proporcionaba su cargo oficial".

Tras la sentencia Martín Serón, que ha contado en todo momento con el apoyo del Partido Popular, se mostraba contrariado por la sentencia en una comparecencia pública en el consistorio y a la vez que rechazaba la posibilidad de dimitir arremetía contra el tribunal, la fiscalía y los investigadores.

Ahora el supremo, tras prorrogar en dos ocasiones el plazo para emitir un fallo, mantiene que no ha lugar al recurso y reitera la sentencia de la Audiencia de Málaga.

Se da la circunstancia de que hace un par de meses, Juan Martín Serón dejó la presidencia del Partido Popular local que había ostentado durante 19 años. El alcalde negó entonces tener decidido su futuro y si se volverá a presentar a las elecciones municipales.

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