Domingo, 14 de Agosto de 2022

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La jueza Alaya deja en libertad con cargos a siete detenidos por el caso de los ERE

La magistrada vuelve a expresar en el auto de imputación de estos sindicalistas que UGT y CCOO podrían haber recibido 7,6 millones de euros de fondos públicos de manera irregular

La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha dejado en libertad con cargos a los siete detenidos en la segunda fase de la operación 'Heracles' que han comparecido en su despacho durante la tarde del jueves y bien entrada la madrugada del viernes

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La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones han pedido para Salvador Mera una fianza civil de 248.000 euros y que comparezcan cada 15 días en sede judicial. A Roberto Carmona, de CCOO, la jueza Alaya le ha impuesto una fianza civil. de 471.000 euros. Además han tenido que entregar el pasaporte y el DNI. La jueza Alaya les ha imputado a cado un delito de malversación de fondos públicos. En su declaración, el secretario general de UGT en Cádiz reconoce lo que ya declaró en enero a la Guardia Civil. Según Salvador Mera, negoció para UGT a través de una empresa que la tramitadora de los ERE Uniter pagara a cada sindicato 180.000 euros como comisión por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, un pago que hizo dicha tramitadora en tres años consecutivos.

La Guardia Civil descarta que estos dos cargos sindicales detenidos en la segunda fase de la Operación Heracles se quedaran con parte de las comisiones de los ERE. El exsecretario de desarrollo industrial de CCOO, Roberto Carmona, y el secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, no se habrían lucrado personalmente con la tramitación irregular de los expedientes. Su papel apunta eso sí, a la posible financiación irregular. Según fuentes de la investigación, ambos líderes habrían utilizado el mismo modus operandi. Salvador Mera de UGT y Roberto Carmona de Comisiones habrían recibido el dinero de la mediadora Uniter por negociar los ERE. Facturas ficticias que ocultarían sobrecomisiones infladas y a través de empresas vinculadas y participadas por el sindicato se transfieren después a la organización.

La jueza Alaya vuelve a expresar en la imputación que ha realizado a estos sindicalistas que UGT y CCOO podrían haber recibido 7,6 millones de euros de fondos públicos de manera irregular. "La implantación del sistema presuntamente irregular de concesión de ayudas en la Junta, a través de Empleo, ha causado un dispendio público y un ilícito enriquecimiento de determinadas personas físicas y jurídicas, pudiendo así mismo incurrir en una supuesta financiación irregular con cargo a los fondos públicos", así se expresa la UCO de nuevo en el atestado que ha presentado en el juzgado en esta segunda fase de la operación Heracles.

Enrique Rodríguez, también en libertad

El alto cargo de la Diputación de Sevilla, destituido la mañana de su detención, ha sido puesto en libertad por la jueza Alaya. La Fiscalía pide para él una fianza civil de 1 millón de euros y la Junta, de 3 millones. Rodríguez fue gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Según la investigación, podría haber concedido ayudas a la Empresa de Desarrollo Local de la localidad de El Pedroso para construir un matadero en la Sierra Norte y, supuestamente, medió para que se concediesen ayudas a algunos empresarios de esta comarca de Sevilla.

La instrucción en esta segunda fase de Heracles se centra precisamente en Enrique Rodríguez, por su posicionamiento, vinculaciones y posible conocimiento del sistema de fraude, apuntan fuentes de la Guardia Civil.

Gaspar Zarrías, el "jefe"

En el atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, aparece que un tercero -sin identificar- le dice al exsindicalista y mediador de los ERE Juan Lanza a través de un SMS: "No olvides que hoy es el cumpleaños de tu jefe, g.z.". La Guardia Civil apunta a que las iniciales corresponden a Gaspar Zarrías, ya que esa es su fecha de nacimiento. El mensaje está fechado el 30 de abril de 2010 cuando las investigaciones de los ERE ya están en marcha y cuando Zarrías ya era secretario de Estado en Madrid.

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