La Junta inicia la "legalización" del vertedero de Santovenia nueve meses después de la sentencia del Constitucional

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha iniciado los trámites para cumplir la legalidad a partir de la fase de consultas previas a la evaluación de impacto ambiental. Los ecologistas reclaman su cierre

Las consultas de la Junta de Castilla y León se dirijen a las administraciones públicas afectadas, las asociaciones y las personas interesadas. En consecuencia, el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga deberá pronunciarse sobre la actividad de la polémica planta de residuos tóxicos y peligrosos.

Tras las consultas ambientales previas se realizará el trámite de información pública en el Boletín Oficial de Castilla y León del Proyecto Regional. El Gobierno regional promovió una Ley específica para declarar la planta de "interés regional" con el objetivo de "blindar" el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos ante el cúmulo de sentencias judiciales contrarias.

Esta acción trata de legalizar por la vía administrativa la situación del vertedero de Santovenia que inició su actividad en junio de 1993. Veinte años después, según datos de Ecologistas en Acción, alberga más de 800.000 toneladas, una tercera parte procedente de empresas ajenas a Castilla y León.

La Coordinadora Antivertedero continúa reclamando el cese de la actividad que gestiona la empresa Cetransa. Entre las resoluciones judiciales, además de la sentencia del Constitucional, figura la resolución del Tribunal Supremo en 2001, cuando anuló las licencias y la declaración de impacto ambiental.

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