1.711 euros por una noche en urgencias del Ramón y Cajal

La dirección del hospital Ramón y Cajal defienden que están actuando conforme a la ley porque "esta paciente rumana con número de identificación de extranjero, residente comunitaria en España e inscrita en el Registro central de extranjero, pese a haber sido requerida para que aportase la tarjeta sanitaria que acreditara la condición de asegurada o beneficiara dicha aportación no ha tenido lugar y, en consecuencia, en estos casos procede efectuar la correspondiente liquidación de gastos por los servicios ya actividades de naturaleza sanitaria". Sin embargo, la paradoja es que la misma administración que le exige el documento se lo denegó, y al final, ha acabado concediéndole su tarjeta sanitaria.

El caso de Mónica no es equiparable al de otros inmigrantes excluidos del sistema sanitario al haberse quedado sin tarjeta sanitaria. Mónica es rumana, por tanto ciudadana comunitaria, con permiso de residencia legal y con derecho a tarjeta sanitaria. Por tanto, por el simple hecho de pertenecer a la Unión Europea "tiene condición de asegurado", según el Real Decreto 1192/2012.

Mónica llegó hace cinco años a España, hace dos quiso sacarse la tarjeta sanitaria, pero no tuvo suerte, sufrió una odisea burocrática que la llevó a visitar muchos edificios de la administración. Al final, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le denegó el derecho a tener una tarjeta sanitaria.

Hace un año, los dolores obligaron a Mónica a acudir a las urgencias del hospital Ramón y Cajal, "tenía una infección aguda en la región perianal. Yo no quería que me operasen. Yo sólo quería que me diesen un antibiótico", nos explica Mónica.

Pero esta mujer rumana acabó pasando una noche en el hospital porque tuvieron que intervenirla. A los días le llegó una factura por un importe de 1.711 euros como "liquidación de gastos por los servicios sanitarios prestados", según se puede leer en la factura a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

Desde entonces Mónica está peleando con la Comunidad de Madrid para que no le cobre esos 1.711 euros. Una cantidad inasumible para los 500 euros mensuales que cobra por limpiar una casa, y cuidar de un niño. Es más, cuando le preguntamos, que si de haber sabido que tendría que pagar, habría ido a urgencias la respuesta es "no, no habría ido, porque no tengo forma de pagarlo. No podría haberlo aceptado".

Desde hace meses, Mónica cuenta con la ayuda de los abogados y voluntarios de Médicos del Mundo, apelan al artículo 3 del Real Decreto 16/2012 que establece expresamente que "los extranjeros no registrados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria de urgencia, cualquiera que sea su causa", de ahí que sus abogados hayan pedido la nulidad de la factura porque "la facturación tramitada por el hospital Ramón y Cajal derivada de una atención en urgencias no cumple la Ley actual de Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud".

Sin embargo, el hospital rebate esa versión, "Mónica sí está inscrita en el Registro central de extranjero", por eso le reclamaron que presentase su tarjeta sanitaria, "pese a haber sido requerida para que aportase la tarjeta sanitaria que acreditara la condición de asegurada no ha tenido lugar y, en consecuencia, en estos casos procede efectuar la correspondiente liquidación de gastos por los servicios ya actividades de naturaleza sanitaria", explican a la Cadena SER desde la dirección del hospital.

Sin embargo, la paradoja es que la misma administración que le exige el documento se lo denegó, aunque al final ha acabado concediéndole a Mónica su tarjeta sanitaria. La administración reconoce que esta mujer rumana tiene derecho a ese documento, pero según un escrito de la Junta Superior de Hacienda de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid al que ha tenido acceso la Cadena SER se explica claramente a esta paciente que "la cobertura sanitaria de la tarjeta que ha recibido no tiene carácter retroactivo".

Por eso, al final Mónica ha tenido que poner su caso en manos de la justicia.