La medalla policial a una Virgen acaba en los tribunales

Los demandantes argumentan que una figura religiosa como una virgen no es una persona física ni jurídica y por tanto no cumple los requisitos para la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial. Europa Laica considera arbitrario que los poderes públicos adopten decisiones que vulneran el carácter aconfesional del Estado y piden que se anule la distinción otorgada por el ministerio de Jorge Fernández Díaz.

Nuestra Señora María Santísima de Amor podría quedarse finalmente sin la Medalla de Oro al Mérito Policial que, con carácter honorífico, le concedió el pasado 3 de febrero el Ministerio de Interior. Eso es lo que piden Europa Laica y el Movimiento hacia un Estado Laico en un recurso contencioso administrativo que acaba de ser aceptado a trámite por los juzgados centrales de la Audiencia Nacional.

Los demandantes aluden a los requisitos establecidos en la ley para la concesión de estas distinciones y concluyen que "desde el más absoluto respeto, resulta palmario que Nuestra Señora María Santísima de Amor ni es miembro funcionario de los Cuerpos que se indican, ni es persona. No siendo persona no puede alegarse como justificación ni la muerte ni la mutilación en acto de servicio, ni tampoco acreditar que ha acometido servicios ejemplares, por su grado de patriotismo, abnegación, valor o eficacia".

El recurso alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que en una sentencia del año 2000 señaló que las distinciones y recompensas son un modo de fomentar comportamientos beneficiosos para los intereses generales, finalidad que sólo se cumple si son otorgadas a personas que puedan adoptar esos comportamientos. En ese sentido, los demandantes aseguran que la orden del Ministerio de Interior ni es objetiva ni eficaz, pudiendo desincentivar además a aquellos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y excepcionalmente otras personas que realmente pudieran ser merecedoras de la distinción policial por su comportamiento ejemplar.

Argumentos jurídicos al margen, el presidente del Movimiento hacia un Estado Laico, Jorge García, ha señalado a la Cadena Ser que "lo que subyace en este tipo de decisiones es una política muy clara del actual Ministro de Interior -conocido por sus creencias católicas- de favorecer cuestiones que a nuestro juicio son inconstitucionales y no tienen nada que ver con una sociedad secularizada como es la española. Opinamos que las creencias religiosas son absolutamente respetables pero deben corresponder al ámbito privado y los poderes públicos no pueden adoptar decisiones de marcado carácter confesional en el ejercicio de sus funciones·.