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Oyarzabal (PP) dice que el 3 de marzo fue un “exceso” de la Policía para “defenderse de la multitud”

El parlamentario del PP exculpa al Gobierno franquista del asesinato de 5 trabajadores en Vitoria

Iñaki Oyarzábal, parlamentario del PP /

Para Iñaki Oyarzabal, el asesinato de 5 trabajadores el 3 de marzo de 1976 a manos de la policía fue un “exceso en una de las muchísimas cargas policiales y sin una orden política superior”. En una entrevista en Jot Down, el parlamentario y secretario de Justicia y Libertades del Partido Popular considera que “unos policías” utilizaron sus armas de fuego “para defenderse en un momento en que se vieron rodeados por la multitud, acorralados”.

Esta versión -la de que los policías dispararon sólo al sentirse acorralados- coincide con la que, en su día, ofreció la Policía Armada y el Gobierno de la época. De hecho, en la entrevista Oyarzabal exculpa de los asesinatos de Vitoria al Gobierno franquista de Arias Navarro: “Tratar de hacer un dibujo de una intencionalidad política de aquellos acontecimientos no responde a la realidad”.

También considera que “se debería haber actuado contra estos policías y reparar efectivamente a las víctimas”.

La polémica ha llegado al Ayuntamiento de Vitoria. PNV, PSE y EH Bildu consideran “intolerables” las declaraciones de Oyarzabal sobre el 3 de marzo. La Asociación de Víctimas del 3 de marzo le ha pedido a Oyarzabal que se retracte de sus palabras. Las consideran una ofensa a la memoria de los asesinados porque respaldan la versión oficial de las autoridades franquistas.

Tras la polémica, Oyarzabal ha señalado en su cuenta de Twitter que condena los sucesos del 3 de marzo.

Oyarzabal está en desacuerdo con la orden de detención emitida por la jueza argentina María Servini de Cubría contra el exministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa. “Me parece ridículo, no estoy en absoluto de acuerdo. Se están tratando de instrumentalizar los sucesos del 76. Convertir un exceso en una carga policial en un juicio sumarísimo”, afirma.

La jueza argentina ha pedido la detención de Martín Villa y también del ministro de Presidencia, Alfonso Osorio y de Jesús Quintana Saracibar al frente de la Policía Armada. Les responsabiliza de los suceso de Vitoria y cita una reunión en la que Osorio junto a Martín Villa y Adolfo Suárez decidió “que el operativo fuese dirigido por un mando único para que coordinase y mandase a toda las fuerzas por orden público”.

Aquel 3 de marzo de 1976, la Policía desalojó la iglesia de San Francisco lanzando botes de humo en el interior, donde se congregaban cerca de 4.000 personas. Cuando la gente empezó a salir corriendo, los policías dispararon con armas de fuego. Los propios policías reconocieron en sus conversaciones internas que había sido “la mayor paliza de la historia” y “una masacre”.

Tras una investigación, el Instituto de Historia Social de la Universidad del País Vasco dictaminó que las muertes de los cinco trabajadores tienen que ver “con órdenes procedentes de alguna instancia de la línea de mando cuyo vértice en ese momento era el Gobierno de España, que tomó las decisiones cuyas consecuencias hemos relatado”.

Este instituto concluyó que existían “responsabilidades penales claras” pero no pudo identificar a las personas que tomaron la decisión de desalojar la iglesia de Zaramaga a sangre y fuego.

En 2008, el Parlamento vasco atribuyó “responsabilidades políticas evidentes” a Manuel Fraga, ministro de Gobernación además de Alfonso Osorio y Rodolfo Martín Villa.

Las víctimas del 3 de marzo siempre han denunciado que la decisión de reprimir la asamblea de Vitoria fue una decisión premeditada para apagar un movimiento creciente de huelgas obreras en las que también se reclamaban derechos y libertades.

Además, testigos han relatado en numerosas ocasiones que la Policía hizo uso de sus armas de fuego en otros momentos de aquel día.

la versión oficial de la policía franquista

Un informe policial de la época citado por el Instituto de Historia Social de la UPV reconoce que la Policía lanzó botes de humo dentro de la Iglesia donde estaban 4.000 personas reunidas. Según el relato policial, "esto enfureció a los reunidos, que salieron atropelladamente del local religioso poseídos de una viva indignación y acometieron a los efectivos de la policía que se encontraban en el exterior".

"(Los policías) se vieron entonces en la ineludible necesidad de emplear las armas de fuego, no para intentar un restablecimiento del orden, que ya se había abandonado por imposible, sino para defender sus vidas, siendo así que varias patrullas de cuatro o cinco hombres fueron acorralados por la masa enfurecida que les atacaba ferozmente en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo".

El Capitán de la Policía Armada en Vitoria, Jesús Quintana, también declaró que los policías quedaron «cogidas entre ambas masas opuestas de manifestantes en actitud amenazadora y agresiva, se utilizaron hasta agotarse todos los medios antidisturbios de que disponían y ante la carencia de éstos, fue precisa la utilización de armas de fuego [...] ante el ataque de la masa y en defensa propia».

Quintana, a quien también se ha pedido la extradición en Argentina, afirmó que los manifestantes utilizaron "bombas y cócteles". Un extremo que nunca fue probado y que respondía a la estrategia franquista de responsabilizar a los trabajadores.

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