Empresas de la Púnica obtuvieron casi millón y medio en contratos con Pinto

Pinto

Tras el estallido de la ‘operación Púnica’ en octubre de 2014, numerosos ayuntamientos madrileños decidieron echar cuentas y ver cuántas veces habían cerrado contratos públicos con empresas vinculadas a la trama de corrupción. El último consistorio en enviar esta información de forma voluntaria a la Comisión de Investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid ha sido Pinto: más de 200 facturas por valor de casi millón y medio de euros con varias empresas vinculadas a la trama. Contratos y facturas que por el momento no están bajo la lupa de la justicia pero que en opinión del consistorio pinteño merecen la atención de la Comisión de Investigación sobre corrupción así como de la Fiscalía.

Fue el 25 de enero cuando esta documentación llegó en un CD a la Asamblea de Madrid, acompañado de un escrito firmado por el actual alcalde Rafael Sánchez (Ganemos Pinto) y dando cumplimiento a lo acordado por el pleno municipal a finales de octubre del año pasado: “Trasladar los expedientes de las empresas contratadas por el Ayuntamiento de Pinto relacionadas con la trama Púnica a la Fiscalía y a la Comisión que se ha puesto en marcha”. La recopilación de estos contratos, sin embargo, fue llevada a cabo durante la anterior legislatura, cuando tras el estallido de este caso de corrupción aprobó por unanimidad crear una Comisión Informativa Especial a este respecto y cuantificar el volumen de negocio de estas empresas en el municipio.

La mayoría de estas facturas entregadas corresponden a contratos suscritos con Cofely – eje central de la trama Púnica según el juez Velasco – y con Elyo Ibérica, entonces parte del grupo GDF Suez: a lo largo de casi una década facturaron más de un millón de euros por servicios relacionados con la climatización de dependencias municipales (piscinas, bibliotecas, colegios y dependencias policiales, entre otros) y reparaciones esporádicas relacionadas con esta actividad.

Organizar las fiestas sin cotizar

El resto de documentación remitida por Pinto a la Asamblea – unas 35 facturas por aproximadamente 450.000 euros – corresponden a dos empresas ligadas al empresario José Luis Huerta, imputado en la Púnica: Waiter Music y Saranais S.L. Contratos y pagos relacionados con la organización de eventos como la cabalta, un cocktail por la festividad de San Juan Bautista o conciertos de artistas como Raphael, Francisco o Estopa por las fiestas patronales de la localidad.

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La empresa Saranais – administrada por José Luis Huerta – se hizo cargo en 2008 de diversos aspectos de las fiestas como el pregón, el catering o las sillas de un concierto de Manolo Escobar. Unos servicios que prestó sin estar inscrita en la Seguridad Social: según consta en un informe del Ministerio de Trabajo aportado en la documentación, a 1 de julio de ese año la empresa Saranais “no figura inscrita en el sistema de la Seguridad Social y no tiene ni ha tenido asignado código de cuenta de cotización”. La propia empresa reconocía que ni tiene ni ha tenido trabajadores en Régimen General.

A lo largo de la última década, Waiter Music también suscribió varios convenios de colaboración con este ayuntamiento para cooperar en la organización de las fiestas patronales: fue el caso de las del año 2011 con el objetivo de que Raphael cantase en el pueblo. Fue la otra empresa de José Luis Huerta, Saranais, la que cobró más de 21.000 euros por la “producción artística” de este concierto, que incluía entre otros servicios la promoción del evento y la instalación de sonido y luces.

Procedimientos “ajustados a la legalidad”

La documentación sobre estos contratos ha sido remitida a la Asamblea de Madrid junto con las conclusiones que emitieron los grupos municipales de Pinto el año pasado. Unas conclusiones en las que el presidente de la Comisión aseguraba que “la totalidad de los procedimientos utilizados se ajustan a la legalidad”, destacando que tanto el Tribunal de Cuentas como la Cámara de Cuentas de Madrid han dado el visto bueno a estos contratos, algo con lo que coincidió el grupo del Partido Popular.

Fueron los grupos de la entonces oposición los que denunciaron trato de favor a las empresas de José Luis Huerta: los ediles de UPyD aseguran que “los contratos menores en los que participan sus empresas se realizaron de forma directa y sin solicitar presupuestos a otras empresas del sector”, mientras que desde el Movimiento de Izquierda Alternativa afirmaban que el adjudicatario de conciertos como el de Estopa en 2008 “era conocido de antemano”.

Más tajante fue el PSOE de la localidad, denunciando que entre 2007 y 2008 “la actuación del Gobierno municipal ha beneficiado a las empresas investigadas” en la ‘operación Púnica’.