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CASO ARONA

La Fiscalía mantiene la petición de penas para los acusados

La acusación particular sostiene su petición del cargo de cohecho para cuatro de los acusados

El exalcalde, José Alberto González Reverón declarando en el juicio. / CADENA SER

Santa Cruz de Tenerife

La fiscal, María Francisca Sánchez Álvarez ha presentado las conclusiones del Ministerio Público, tras más de dos meses de juicio por el denominado ‘caso Arona’. La fiscal mantiene la petición de penas de cárcel para los 16 acusados por la comisión de los delitos de prevaricación urbanística y cohecho.

Tras las declaraciones de los acusados y de alrededor de 200 testigos, la fiscal considera que existen indicios más que suficientes para atribuirles los delitos de prevaricación urbanística y cohecho. De esta forma, Fiscalía solicita para el exalcalde José Alberto González Reverón la pena de dos años de prisión y 20 de inhabilitación; para el ex edil del Partido Popular, Felíx Sierra, seis años y 31 años de inhabilitación; para el también ex edil, Manuel Barrios, 2 años de prisión y 20 de inhabilitación; misma pena para el ex concejales de Coalición Canaria, Alfonso Barroso, Daniel Martín y Jose Luis González. Del mismo modo, la Fiscal solicita para Juan José Alayón la pena de dos años y 20 de inhabilitación especial; para el aparejador municipal, Roberto de Luis, ocho años de prisión y 20 de inhabilitación, para el también arquitecto Eliseo de la Rosa, seis años de prisión y 20 de inhabilitación, cuatro años para el arquitecto Zenón Rodríguez, misma pena para Jorge Menéndez y Antonio González Tolosa, todos ellos arquitectos. Mientras para el empresario Arsenio Zamora Toledo, el Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión. Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución mientras que la acusación particular sólo ha mantenido los cargos de cohecho para cuatro de los acusados, Roberto de Luis,Eliseo de la Rosa, Feliz Sierra y Arsenio Toledo. Los informes definitivos se leerán el próximo 25 de abril en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Una inmensa trama de corrupción

La denuncia que dio origen al caso fue interpuesta por el entonces concejal socialista Francisco García Santamaría el 17 de enero de 2007. En la denuncia se acusaba de posibles delitos urbanísticos por posibles delitos contra la Ordenación del Territorio, prevaricación continuada y tres delitos de prevaricación que fuera alcalde, José Alberto González Reverón y el equipo de gobierno aronero. Desde ese momento, se puso en marcha una investigación que ha devenido en más de 60 tomos de sumario y que se ha ido ampliando a raíz de otras denuncias como las del letrado Felipe Campos. Según obra en el auto en el que se imputa a los acusados, desde el 9 de enero de 2004 y la 17 de noviembre de 2006, votaron sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para ejecución de obras, para reforma de viviendas, para demolición y construcción de edificios con el informe desfavorable de los técnicos municipales.

 
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