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Miércoles, 11 de Diciembre de 2019

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El juez investiga si un alto cargo de la Comunidad favoreció a la trama

La Guardia Civil acusa en un informe al Director General de Industria, Carlos López Jimeno, de interceder para que la trama se adjudicase un contrato millonario en Alcalá de Henares a cambio de pagos a la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM)

Hoja manuscrita encontrada en la sede de Cofely /

Los investigadores que desentrañan la actividad de la trama Púnica sospechan que un alto cargo de la Comunidad de Madrid pudo haber favorecido a la empresa Cofely para obtener un contrato público, y que la fundación pública que preside pudo cobrar dinero de la empresa como contraprestación. Se trata de Carlos López Jimeno, Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad, también miembro de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM), contra el que no pesa por ahora ninguna imputación delictiva no por parte de la Guardia Civil ni del juez. 

En un informe al que ha tenido acceso la Cadena SER, la Unidad Central Operativa (UCO) afirma que “se presume que Carlos López Jimeno, en su condición de Director General de Industria, Energía y Minas, pudo mediar a favor de Cofely en el proceso de contratación de eficiencia energética llevado a cabo por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares”. Un contrato licitado en 2010 por más de doce millones de euros y adjudicado finalmente en 2013 tras diversas fases de bloqueo a Cofely.

Los investigadores llegan a esta conclusión después de analizar los correos electrónicos de Constantino Álvarez, directivo de Cofely en España: en uno de ellos que recibió de la cuenta corporativa de López Jimeno, el alto cargo de la Comunidad de Madrid le pide que “recibas o atiendas telefónicamente” a un colaborador de la fundación. Un email que Álvarez rebota a otro empleado de Cofely añadiendo que “hace un par de semanas le pedí un favor para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares”.

Los investigadores destacan que en el momento en que se envía ese correo, noviembre de 2012, el proceso de contratación en Alcalá “estaba totalmente paralizado, encontrándose la adjudicación de Cofely sobre la mesa”, concluyendo que “es lógico pensar a juicio policial que cualquier petición por parte de Constantino Álvarez al Director General de Industria podría estar relacionado con el desbloqueo de tal situación”.

Fuentes del departamento que dirige López Jimeno niegan haber realizado gestiones para Cofely, al mismo tiempo que destacan que ni Guardia Civil ni juez atribuyen ningún acto delictivo al alto cargo y explican que los más de cien pagos realizados por la empresa a la Fundación de Energía vienen justificados por su participación en cursos y congresos.

Las “vías de ataque” en Alcalá

No es el único documento en el que la Guardia Civil cimenta sus sospechas: en una agenda de Constantino Álvarez (Cofely) intervenida en la investigación, Carlos López Jimeno aparece en una lista de “vías de ataque” de cara a una reunión previa en Alcalá de Henares. Junto con él, en ese listado, aparecen “Antonio Jiménez, Ignacio González, David Marjaliza, CCOO, UPyD y PSOE”.

Unos correos a los que se unen otros en los que el directivo de Cofely muestra su malestar en el retraso de algunos pagos de la empresa a la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM), de la que era socio colaborador. Una Fundación que depende de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. En diversos correos en los que el directivo recuerda a otros trabajadores de Cofely que deben realizar el pago, Constantino Álvarez recuerda que “el DG de Industria nos ha ayudado para conseguir el contrato de Alcalá de Henares, yo le pedí el favor”, asegurando que es un cliente en un contrato de Residencias de la Comunidad, con Metro de Madrid y que contemplan “contratos potenciales” con hospitales públicos. También destaca el email que “gracias a las gestiones de Miguel Ángel Villanueva” mantuvieron reuniones con el entonces Consejero de Hacienda de la Comunidad.

Para el instituto armado, esos retrasos se refieren a “posibles pagos realizados por Cofely a la Fundación como presumibles contraprestaciones por el trato de favor que habría dispensado el Director General de Industria, Caros López Jimeno, a la citada mercantil, en el proceso de contratación con el Ayuntamiento de Alcalá”.

El juez pide información

El juez Velasco solicitó el pasado mes de noviembre información bancaria y fiscal sobre los movimientos económicos de la Fundación tras recibir este informe: con el objetivo de saber si en este proceso alguien pudo “beneficiarse de forma injustificada”, el pasado once de noviembre solicitó a la Agencia Tributaria toda la información relativa a las operaciones de FENERCOM con terceras personas y sobre las cantidades cobradas de Cofely, así como pidió a la Asociación de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito información sobre sus cuentas bancarias y sus movimientos desde 2008 hasta la fecha.

Una fundación para el desarrollo de tecnologías energéticas

Según figura en su página web, la Fundación investigada por el juez Velasco fue fundada por la Comunidad de Madrid en 2006 junto con las siete empresas principales del sector energético en España, y tiene entre sus objetivos “fomentar, impulsar y realizar iniciativas y programas de actuación para investigar, estudiar y apoyar actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas”.

En su patronato, según su página web, está tanto el Consejero de Hacienda como el Director General de Industria, así como diversos altos cargos de la Comunidad y representantes de la Cámara de Comercio, la CEOE, universidades, empresas del sector así como diversos patronos electos.

Posible amaño en Alcalá

No es la única vez en que el contrato que Cofely se adjudicó en Alcalá de Henares en 2013 por valor de más de doce millones de euros aparece referenciado en el sumario de la operación Púnica: en un informe de la UCO fechado el pasado mes de marzo, la Guardia Civil se muestra convencida de que la empresa tuvo la connivencia de varios concejales y cargos municipales para hacerse con el contrato de gestión energética de seis colegios y dos ciudades deportivas de municipio.

Esas sospechas llevaron al juez Velasco a solicitar al Ayuntamiento de Alcalá de Henares el volcado de los correos electrónicos corporativos de Tomás Marcelo Isoldi (concejal), Fernando García Rubio (exasesor jurídico), Marta Isabel Mejías (directora de Obras), María Elena Santana (directora de Régimen Jurídico), David Larrazábal (exgerente del instituto de Planificación y Gestión Ambiental) y Juan Jesús Domínguez Picazo (exconcejal de Urbanismo). En este informe la Guardia Civil no menciona la posible participación de López Jimeno.

Entre otros movimientos, el instituto armado sospecha que la fórmula de adjudicación de puntos incluida en los pliegos finales no sólo aportaba “un alto nivel de arbitrariedad y discrecionalidad” sino que había sido acordada entre García Rubio y el trabajador de Cofely e imputado Pedro García.

El contrato empezó a gestarse en 2010, con el ahora diputado regional Bartolomé González en la alcaldía, aunque tras diversos parones terminó adjudicándose con la vara de mando del consistorio en manos del también ‘popular’ Javier Bello.

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Cadena SER

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