Barcelona Regional lleva a fiscalía la gestión de sus anteriores gestores de CiU

Barcelona

El Consejo de Administración de la agencia pública Barcelona Regional (BR) ha decidido llevar a Fiscalía la auditoría que ha detectado irregularidades en la gestión durante el mandato de CiU. En la reunión de este mediodía ha acordado esperar a conocer la valoración que hace el fiscal antes de hacer ningún otro paso contra el ex presidente de la Agencia, Antoni Vives, y el ex director general, Willy Müller.

Fuentes conocedoras del contenido de la reunión explicaron a la Cadena SER que el Ayuntamiento de Barcelona había propuesto que se facultara la alcaldesa y presidenta del Consejo de Administración, Ada Colau, para decidir si se debían presentar o no una querella. Pero esta opción se ha desestimado. Se ha acordado llevar los papeles a la Fiscalía, que ya investiga algunas actuaciones de Barcelona Regional, y esperar a que el fiscal determine si hay ilegalidades o no.

Cualquier decisión a partir de aquí la volvería a tomar el Consejo de Administración de BR en el que están representados los ayuntamientos de Barcelona, El Prat, Cornellà y Santa Coloma de Cervelló, organismos como el Consorcio de la Zona Franca o la Autoridad portuaria y empresas públicas como REGESA, Aena, Adif o TMB.

La auditoría ha detectado que se gastaron 2 millones de euros en proyectos deficitarios y "antieconómicos" y que se hizo sin informar a los accionistas. También que había dos trabajadores que estaban contratados, pero que no hacían ningún trabajo para Barcelona Regional y que le costaron a BR 214.000 euros.

La Auditoría también explica que la Exposición "Barcelona Ciudad-Puerto" que se hizo el año pasado costó 924.000 euros. Esto es casi 3 veces más de lo que CiU reconoció un primer momento y 33.000 euros por cada día que estuvo abierta al público. El 70% del coste se contrató a empresas externas.