El empresario del Museo Taurino no pagó nunca ni canon, ni IBI, ni agua, ni luz

Málaga

La Diputación de Málaga ha iniciado los trámites para poner fin al contrato del Museo Taurino en el edificio de la Plaza del Siglo, en la capital malagueña, por incumplimiento en el pago del canon establecido por la ocupación del edificio y de sus instalaciones. Así se plantea en un informe realizado por el servicio de Cultura de la Diputación, en el que se constata que el concesionario (Colección Juan Barco, SL) mantiene una deuda con la institución provincial de 153.658,25 euros.

Este informe se ha realizado tras la moción presentada por el grupo de Ciudadanos en la Diputación, aprobada en el pleno del mes de septiembre, en la que se solicitaba la resolución del contrato al entender que se habían producido incumplimientos por parte del concesionario, matizando que no se seguiría adelante ni se revocaría la concesión si la asesoría jurídica estimase que no se había producido ese incumplimiento. El portavoz de C´s en la institución, Gonzalo Sichar, asegura que la formación ya había alertado al PP de las presuntas irregularidades que se estaban detectando por parte de la empresa que gestiona el museo "y ahora encima nos enteremos que tampoco pagaba ni impuestos ni los recibos de luz y agua".

En este sentido, el informe de Cultura concluye que, por incumplimiento grave del contrato, procede la revocación de la concesión demanial directa del edificio de la Plaza del Siglo a favor de Colección Juan Barco, S L para su uso como Centro de Arte de la Tauromaquia, concedida en mayo de 2015.

En concreto, a fecha de 14 de diciembre, el concesionario no ha abonado el canon anual de 2015 (41.341,67 euros) ni el de 2016 (62.012,50 euros), a los que hay que añadir sus correspondientes recargos e intereses de demora, ni tampoco los importes relativos al suministro de electricidad, agua e IBI del edificio de la Plaza del Siglo.

El pliego de condiciones económico-administrativas que rigen esta concesión establece en su condición 10 la obligación del adjudicatario de abonar el canon de ocupación del edificio e instalaciones, y en la condición 16 califica de ‘incumplimiento grave’ la falta de abono del canon, lo que puede ser causa de la resolución de la concesión además de la imposición de una sanción económica de entre 2.000 y 30.000 euros.

También, la legislación estatal básica aplicable (Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas) y la legislación autonómica (Ley 7/1999 de Bienes de Entidades Locales de Andalucía) respaldan que la falta de pago del canon sea considerado un incumplimiento grave y, por tanto, sea causa para extinguir las autorizaciones y concesiones demaniales.

Por otra parte, el informe del servicio de Cultura recoge que, en función de lo establecido en la condición 9 del referido pliego de condiciones económico-administrativas, la garantía depositada por el adjudicatario (153.750 euros) servirá para responder de la incautación que pudiera decretarse en el caso de la resolución de la concesión.