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Apertura de juicio oral contra Rafael Louzán por un delito de cohecho

La Fiscalía pide un año de prisión para el expresidente de la Diputación de Pontevedra

El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, entrando en los juzgados de Cambados en 2015. /

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Cambados ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán, su esposa y el concejal de Pazos de Borbén Severino Reguera por un delito de cohecho. El proceso judicial responde a la querella presentada por el fiscal Augusto Santaló por supuesto cohecho en relación al alquiler de unos locales comerciales a un precio superior al del mercado en el barrio vigués de Navia.

En el escrito de calificación, la Fiscalía expone que en agosto de 2008 Louzán, presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP por la provincia, y su esposa adquirieron de la sociedad cooperativa Monte Alba S. Coop. Gallega tres locales comerciales en el número 23 de la calle Teixugueiras de Vigo. Louzán y María Teresa C.F. reservaron cinco locales en la calle Teixugueiras  y finalmente compraron tres por 460.122,5 euros y cedieron la compra de los otros dos a Severino Reguera y su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Severino Reguera les prestó 103.748,42 euros.

Tras la compra, María Teresa C.F. firmó un contrato privado con la empresa Bruno Pan, de la que es administrador Severino Reguera y que tiene la sede en Ribadumia, para alquilarle sus tres locales. El contrato se firmó en 2008 por una duración de diez años prorrogable y por un precio de 3.584 euros y, según los datos de la investigación de la Fiscalía, excepto en el año 2008, en lo demás años el precio percibido por el arrendamiento superó la amortización de las cuotas hipotecarias.

El fiscal aprecia un delito de cohecho cometido por el entonces presidente provincial, actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, y su esposa al alquilar los locales al grupo Bruno Pan S.L. del diputado provincial a un "precio superior" a la media de los alquileres de la misma zona, según sostiene en el escrito de acusación.

En este sentido, la Fiscalía aprecia "un trato de favor al expresidente del organismo provincial y esposa que, en definitiva, supone el regalo en consideración al cargo del mismo de unas importantes cantidades de dinero, y finalmente y a la postre de los locales comerciales, o, incluso de la totalidad del local unificado".

La Fiscalía pide para Louzán un año de cárcel, un año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y suspensión de empleo y cargo público por tiempo de dos años y tres meses.

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