Últimas noticias Hemeroteca

Domingo, 19 de Enero de 2020

Otras localidades

Castedo, Alperi y Ortiz procesados por el presunto amaño del Plan General

Se les atribuye los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada

José Luis Díaz Alperi subiendo al avión con destino a Creta /

La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su predecesor en el cargo Luis Díaz Alperi y el empresario y constructor, Enrique Ortiz, procesados por el presunto amaño del Plan General de Alicante. El juez que instruye la causa ha dictado un auto de procesamiento y pide que se incoe procedimiento abreviado contra los investigados al encontrar Manrique Tejada acreditados "indicios racionales de criminalidad".

A los exalcaldes Díaz Alperi y Castedo, además de a Enrique Ortiz, se les considera responsables de un presunto delito de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

De hecho, sobre el delito cometido de aprovechamiento de información privilegiada con obtención de beneficio, llega a decir que realmente se consuma al aprobarse el planeamiento general por la administración municipal.

También procesa al redactor del plan Jesús Quesada por delitos de información privilegiada facilitada por autoridad y tráfico de influencias. Se procesa igualmente a los responsables del despacho Salvetti, Javier Gutiérrez (exedil socialista) y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), por asesoramiento ilegal, información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

El avión privado que traslado a Alperi a Creta / Cadena SER

Al redactor del PGOU, Jesús Quesada, le acusa de los delitos de información privilegiada y tráfico de influencias. Así mismo pide el procesamiento de Ramón Salvador, Santiago Bernaldez, Virgilio Ortiz y Pablo Rico y acuerda sobreseer la causa contra Manuela Carratalá, la mujer de Enrique Ortiz.

Los detalles

En el auto, al que ha tenido acceso Radio Alicante, el magistrado señala que "en la tramitación del procedimiento de planeamiento, se van produciendo modificaciones, todas ellas en beneficio de los intereses del Señor Ortiz, con directa participación de los técnicos y políticos con responsabilidad".

Habla incluso de "trama organizada en torno al Sr. Alperi que, añade, de las conversaciones y documentos, se convierte en una persona clave, pues mueve las distintas relaciones que se configuran en el trabajo de elaboración del documento de planeamiento". Continúa el auto diciendo que incluso con gran ascendente sobre la figura de Ortiz, que se esfuerza en atender sus peticiones, que Alperi realiza en provecho propio a cambio de beneficiar a quien le favorece.

En agosto de 2008, el empresario le consulta al primer edil si quiere que le reserve un amarre en el puerto de Mahón.

Sobre la relación personal que une al investigado con funcionario público o autoridad, el magistrado relaciona la primera exposición al público de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana con los regalos navideños que recibe Sonia Castedo dos meses después.

En una conversación telefónica recogida en la instrucción, hablan de vestuario, de la familia y de la preparación de un viaje a Andorra para esquiar.

A partir de ahí, se refiere también a distintos suelos del término municipal.

Sobre el Sector Las Lomas, el juez es muy claro. Existen indicios, recoge, de que el criterio para determinar la clasificación como suelo urbanizable se decidió, dice textualmente, "en función de la influencia ejercida por Enrique Ortiz sobre el redactor del Plan General y la entonces concejala de urbanismo, después alcaldesa, y con directa intervención de Alperi, alcalde primero y "gestor depués del gabinete jurídico encargado de resolver las alegaciones del procedimiento de aprobación del planeamiento , "su propio equipo". De hecho, asegura que participa en el despacho de Salvetti Abogados y que Alperi "cobra a través de Andarx Businnes" (apunta incluso la cantidad de 27.100 euros)

Mapa de las Lomas de Garbinet incluido en el auto de procesamiento / Cadena SER

Ortiz, Alperi, Quesada, Gutiérrez y el hermano de Castedo, crearon una organización para dirigir el planeamiento general del municipio hacia su propio interés, dice el auto.

También que llegaron a desarrollar su papel en un escenario en el que se visualiza el "urbanismo de la ciudad como negocio de unos cuantos provilegiados y alejando al resto de ciudadanos".

En octubre de 2009, Javier Gutiérrez informa a Ortiz de que el porcentaje "que va" en Fontcalent es del "0.33", en referencia a los metros que hacen falta en Fontcalent para conseguir un metro de techo en Torres de la Huerta, tema que el propio Ortiz trata por teléfono ese mismo día con José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa. Éste y Gutiérrez eran administradores del despacho Salvetti.

Acusa a los responsables políticos de favorecer al empresario en la adquisición de terrenos en la zona de Agua Amarga y en Foncalent para su futura y posible conversión en urbanizable. Se refiere igualmente a las Torres de la Huerta y la zona de la Condomina. El auto recoge que Ortiz adquiere de una forma u otra, a través de empresas constituidas la mayor parte de las veces ad hoc, suelos de los que sabe se van a incorporar al proceso urbanístico del futuro desarrollo de la ciudad, a un precio del que sabe tiene recorrido, utilizando para su adquisición fondos obtenidos por financiación bancaria. Una vez son incluidos o contemplados como urbanizables en los distintos sectores que se van delimitando, una vez obtenida la aprobación municipal vende participaciones de estas sociedades a la propia entidad bancaria que le ha financiado. Al final extrae, explica, una importante plusvalía de la venta de las acciones. Así se visualiza, dice, en los informes de la UDEF.

Y hace referencia a la parcela en la que se encuentra el Rico Pérez y las modificaciones llevadas a cabo para sufragar la rehabilitación del estadio con el aprovechamiento urbanístico obtenido en otra zona con el objetivo de que, tras adquirirlo el Ayuntamiento, no suponga coste para Ortiz.

Asegura el auto que se diseña un planeamiento que "genera beneficio para el investigado y para la mercantil que participa", beneficio que cifra en los 4,2 millones de euros que Ortiz no ha invertido en la remodelación del Rico Pérez por parte de Aligestión.

En cuanto a los indicios de delito imputables a Sonia Castedo por revelación de información privilegiada,el juez instructor destaca que siendo concejala de Urbanismo mantuvo reuniones, en la Gerencia de Urbanismo, con el empresario Ortiz y el redactor del Plan.

Son muchas las conversaciones recogidas entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz como la petición para que le pinte tres parcelas de azul en la zona de Rabasa.

En esa misma conversación Ortiz explica a Castedo la necesidad de una reunión con Jesús Quesada, redactor entonces del PGOU para abordar el tema de Ikea.

Para Manrique Tejada, "a la vista del contexto de lo expuesto"cabe deducir que podría tratarse de información urbanística del planeamieno en revisión y de un plano que iba sufriendo modificaciones. "Sonia Castedo habría entregado a Enrique Ortiz el último después de la modificación".

Dádivas

En cuanto al cohecho y por lo que respecta a Díaz Alperi, el instructor recoge entre las supuestas dádivas que le hizo Ortiz un viaje a la isla de Creta valorado en 45.000 euros (de los que se abonaron cerca de 36.000) y para el que el constructor fletó presuntamente un jet privado, así como diversas entregas de dinero en metálico que ascienden en su conjunto a 384.000 euros, de los que 324.000 euros se habrían destinado a pagar las viviendas de sus hijos y el resto se lo habría entregado Ortiz en lo que el juez denomina "bocadillos".

Luis Díaz Alperi sube al avión que le trasladó a Creta / Cadena SER

Además, el juez sospecha que Ortiz pagó a Castedo y a la familia de ésta sendos viajes a Andorra en 2008 y 2009 y les costeó también unas vacaciones estivales en Ibiza, al tiempo que regaló un coche marca Mini Cooper a una amiga de la expolítica. Según el auto, no ha quedado acreditado que se abonaran en metálico.

La resolución, que consta de 240 páginas y puede ser recurrida, da un plazo de treinta días a la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen el PSPV-PSOE y EU, para formular sus conclusiones provisionales y proponer la práctica de pruebas complementarias.

Cargando
Cadena SER

¿Quieres recibir notificaciones con las noticias más importantes?