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Viernes, 20 de Septiembre de 2019

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La Universidad abre expediente para expulsar al profesor condenado

En un comunicado, la Hispalense dice que activa su "maquinaria normativa para tomar las decisiones correspondientes"

La Universidad de Sevilla anuncia en un comunicado que ha activado "toda la maquinaria normativa para poder tomar las decisiones correspondientes con la mayor celeridad" con respecto al exdecano de Ciencias de la Educación, Santiago Romero, condenado a siete años de cárcel por tres delitos de abusos sexuales y uno de lesiones cometidos sobre dos profesoras ayudantes de su departamento y una becaria.  Lo que se traduce en que siete años después, en cuanto reciba la sentencia, reabrirá el expediente que archivó, de forma provisional, cuando estas trabajadoras denunciaron los hechos ante la institución. Un expediente que puede terminar en su expulsión.

Santiago Romero sigue impartiendo clases en la facultad de Ciencias del Deporte. Las tres mujeres tuvieron que dejar su empleo por la situación de estrés y ansiedad que sufrieron. De hecho, una de ellas sigue en tratamiento psicológico.

Una de las víctimas tuvo el mejor expediente académico de su promoción y, dice la sentencia, tenía un incuestionable deseo de dedicarse a la docencia. Ha terminado abandonando por completo e incluso se ha marchado de España. Otra se fue de Sevilla a Granada y sigue, diez años después de su ingreso en la docencia, en su condición de interinidad. La tercera sí ha vuelto a la Universidad, a la facultad de Enfermería en Sevilla, para no coincidir con el condenado, que ha seguido en su puesto de catedrático.

Desde el primer día que llegaron al departamento en 2006 Santiago Romero, según recoge la sentencia,  les dejó claro que era él quien tomaba las decisiones relevantes en cuanto a docencia, investigación o contratación. De modo que debían seguir sus indicaciones y nombrarlo, por ejemplo, director de las tesis doctorales o había que hacer constar su participación en las publicaciones que hicieran aunque él no hubiera participado. De lo contrario, les boicotearía sus trabajos o les impediría leer la tesis doctoral.

En el mismo comunicado la Hispalense afirma que ha conocido "con estupor" el contenido  de la sentencia y que reclama que le sea notificada "dada la alarma social que ha provocado". La Universidad ha sido declarada responsable civil subsidiaria y tendrá que indemnizar en 110.000 euros a las tres víctimas si el exdecano y catedrático no tiene dinero para hacerlo. 

La Hispalense ha sido declarada responsable civil subsidiaria porque resulta que el jefe del departamento, el profesor Sanchís, igualmente personal funcionario de la Universidad de Sevilla, cuando las mujeres le contaron lo que les estaba pasando tuvo la obligación de denunciar y no lo hizo. Simplemente se ofreció a acompañarlas cuando acudieran al despacho y les aconsejó evitar al acusado, o las situaciones en las que pudieran encontrarse a solas con él; incluso les pidió que intentaran llevarse bien con Romero para evitar otros problemas.

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