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Viernes, 18 de Octubre de 2019

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Familias expulsadas de 50 aldeas de Santiago-Pontones piden la reversión de sus propiedades.

Han iniciado un proceso para revertir las propiedades que en su dia expropió el Gobierno y que nunca cumplió el objetivo alegado para echar a unas 2000 personas de sus tierras.

Miriam Martínez (derecha) junto al abogado Ignacio Martínez (centro) y a un antiguo vecino de la aldea de Las Canalejas, también expropiada. /

Entre 1960 y 1979, unas 2000 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas y con ello su pasado más reciente. El gobierno les puso en la calle con una expropiación forzosa que les indemnizó para que se marcharan sin opción a más, teniendo que olvidarse de sus casas y tierras desperdigadas por el amplio término municipal de lo que es Santiago-Pontones, eso y muchos recuerdos que quedaron en la memoria. Unas 50 aldeas se desalojaron derribando en muchos casos todas las edificaciones para impedir el regreso de sus antiguos dueños o nuevos vecinos que aprovecharan lo construido. Según el expediente elaborado para la última aldea desalojada, la de Los Goldines, esta intervención se hacía para proceder a repoblar mejor todo ese entorno y de paso, proteger a los vecinos ante la suelta de especies animales como son ciervos o jabalíes. Eso es parte de lo reflejado en los informes que ha podido consultar una joven serrana, Miriam Martínez. Ella es nieta de uno de los antiguos propietarios. Incluso su padre nació en esa aldea y de pequeño se tuvo que ir junto al resto a la localidad de Santiago de la Espada, donde ella ahora ha montado un despacho jurídico. Se podría decir que lo que le ocurrió a su familia es la historia que marcó su vida tal y como afirma ella misma, sobre todo cuando se prometió recuperar para su padre lo que le arrebataron a su abuelo, su pasado y sus tierras. Ella se está formando en materia jurídica y el objetivo es llegar a ser abogada. Por eso sabe moverse en asuntos como el que le ha llevado a movilizar a muchas más familias que se le están uniendo en ese camino para recuperar sus antiguas propiedades. Sabe que no le será fácil y ahora está sumergiéndose en los expedientes de otras aldeas para conocer todos los casos, el de Los Goldines se lo sabe ya de memoria. Le asombra, asegura, lo que desprenden esos papeles. Todo apunta a que el verdadero fin era el de crear un gran coto de caza donde no estorbaran los aldeanos repartidos por la sierra, sobre todo en este municipio.

 

NO SE HIZO NADA CON LO EXPROPIADO

Pero la razón de más peso, la de repoblar, no se cumplió. Según la ley, eso da pie a que los antiguos propietarios puedan pedir la reversión de sus tierras. Por eso Miriam es optimista, ya que se han dado casos parecidos en otros puntos de España en los que la justicia les ha dado la razón a los particulares. Ha contactado con un abogado de Beas de Segura, Ignacio Martínez, que en su día intentó mover este asunto sin éxito. Ahora ambos trabajan juntos para recopilar el máximo de información y sobre todo, de unión entre los que quieran recuperar sus tierras. No se trata de querer una casa para poder pasar el fin de semana en la sierra, como asevera nuestra protagonista, es recuperar la memoria de las familias, de encontrar su pasado. Sabe que eso no será solo cuestión de una decisión judicial, también de dinero, porque eso supondría el tener que devolver lo que recibieron en su día, pero “actualizado al valor actual”.

Ya no está sola, son muchos los que a diario contactan con ella para unirse a la causa y poder recuperar una parte de la historia familiar de sus familias, habiendo de todo, no solo como ella, que representa la tercera generación, también quienes de jóvenes, tuvieron que hacer las maletas y llevarse de allí su cosas, viviendo en primera persona lo que ocurrió con sus vidas.

Esas expropiaciones fueron ejecutadas por Patrimonio Forestal del Estado en primer lugar durante la época de la dictadura de Francisco Franco y posteriormente con el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, conocido por sus siglas como el ICONA, ya en época democrática.

Para Miriam y para otros muchos, estaba claro que se habían preparado unos planes no oficiales para esta sierra, que por supuesto no pasaban por permitir que siguieran viviendo decenas de familias en su medio, en sus tierras.

En un artículo que ella ha elaborado para una revista local, expone cronológicamente las leyes y decretos vinculados al proceso:

  • La Ley de Patrimonio Forestal del Estado de 1941; en la que se declaran diversas “zonas de interés forestal”, entre las que se encuentra la Sierra de Segura.
  • La Ley de repoblación forestal de 1951; la cual establecía “la eliminación de los cultivos agrícolas que se encontraban en la cuenca del Pantano del Tranco de Beas”.
  • Un Decreto de 1955 por el que se declara la necesidad y urgencia de la ocupación de las fincas de Pontones.
  • Y, finalmente, el colmo de esta cadena de leyes arbitrarias, fue la Ley 17/1960 por la que se crea el coto nacional de las sierras de Segura y Cazorla, junto a otras resoluciones anteriores relacionadas con la repoblación cinegética y la creación de este coto. De hecho, en el proyecto de creación del coto ya se afirmaba que “los inconvenientes iniciales más preocupantes para la repoblación cinegética, eran la densidad y distribución de los serranos y los daños que podían producir las especies de caza mayor en las numerosas huertas existentes”.

 

Según se desprende de esto, para proteger a los propios vecinos de los animales que se utilizaran para la creación del Coto, lo mejor era hacer desaparecer las pequeñas aldeas y echar a sus moradores.

Miriam Martínez asegura que, “desde el punto de vista jurídico y según lo dispuesto en la Ley de expropiación forzosa de 1954, cabe la petición de la reversión que supondría que la Administración ha de devolver los terrenos que no han sido repoblados con pinos a cambio de que los interesados devuelvan el precio que recibieron en su día por esos terrenos.”

Ella, por lo que vivió su familia, es de las que al pasar por los lugares que antes eran viviendas y ahora son montones de piedras o algunos muros en el mejor de los casos, sabe imaginar lo que pudo ser antaño aquello. Ahora deshabitadas, antes pueblecitos llenos de vida y encanto. Se le vienen a la cabeza lo que pueden ser dramáticas experiencias, “pesadilla para los que eran sus vecinos, entre los cuales se encontraban mis abuelos, Juan José y Julia, formando parte de una historia llena de injusticias”.

En el caso de Los Goldines, en diciembre de 1979 se materializó la expropiación de esta pequeña aldea, “amparándose en la Ley de 19 de diciembre de 1951, sobre repoblación forestal”. Pero para más castigo a los serranos, “a este expediente le precedieron una serie de actuaciones de presión social y hostigamiento hacia los diversos vecinos para que se marcharan”. Según cuenta la joven, “estas actuaciones no fueron suficiente, pues muchos se resistieron a irse, por lo que fue necesario recurrir a la expropiación forzosa”.

De su artículo para la revista de Santiago-Pontones en la que colabora, “Zurribulle”, extraemos los siguientes párrafos:

“Llama especialmente la atención, lo recogido en la memoria del expediente de expropiación llevado a cabo por el Instituto nacional para la conservación de la naturaleza (ICONA), el cual justifica la expropiación de esta aldea argumentando básicamente tres cosas:”

  1. Que los terrenos objeto de expropiación son enclaves perjudiciales porque “aportan considerables arrastres por encontrarse en terrenos de pendiente excesiva”. Este argumento puede ser más o menos válido, todo depende de lo que uno entienda por “pendiente excesiva”, no obstante, que este sea el caso de Los Goldines es, cuanto menos, discutible.
  2. Otro argumento que se utiliza es el problema social, pues en la memoria se recoge literalmente que “las pequeñas cortijadas existentes están compuestas por viviendas en no muy buenas condiciones de habitabilidad, lejos de asistencia sanitaria, espiritual, educativa y privados en fin, de todos los beneficios que el progreso brinda a la sociedad moderna”. Este argumento resulta cuanto menos cínico, por no utilizar otro calificativo, ya que igual hubiera sido más acertado el intentar mejorar las condiciones de estos aldeanos en vez de echarlos de allí.
  3. El último de los argumentos que se utiliza para justificar la expropiación de Los Goldines es el saneamiento del estado legal del monte. Respecto a esto, el expediente dice literalmente lo siguiente “con la desaparición de estas propiedades que siempre entorpecen el normal desenvolvimiento de los trabajos y aprovechamientos, en los montes que se ubican, pretendemos que la propiedad del Estado llegue a formar una superficie uniforme, sin ninguna interrupción”. Por si no ha quedado claro, ya lo matizo yo, en definitiva, que los vecinos de Los Goldines estorbaban a la Administración para sus fines e intereses.

 

La memoria del pasado, el legado entre piedras.

Miriam Martínez, cuando puede visita las aldeas que aún quedan en pie, en especial la de su familia. Le gusta ponerse en situación y llenar estos pueblos de vivencias con su imaginación. Se sirve de lo cotidiano, como es la vida social de la época en torno a una fuente o lavadero, en las plazas o las casas. En los huertos que producían parte del sustento para los aldeanos. “Paseando por sus calles me invade una tremenda sensación de tristeza, pues el lugar aún irradia una sensación de desconsuelo por la marcha forzosa de los que un día fueron sus habitantes, sus ruinas transmiten una sensación sobrecogedora de desamparo”.

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