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El Tribunal Supremo tumba los planes de García-Page para la paralización del ATC en Villar de Cañas

El Supremo suspende cautelarmente la ampliación de la ZEPA de El Hito

Terrenos elegidos para el futuro Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas /

El Tribunal Supremo ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha, de 28 de julio de 2015, que dio inicio a una ampliación del Espacio Protegido Laguna del Hito, que afectaba a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y de residuos de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca), cuyo emplazamiento fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 2011.

El Supremo considera que, en la ponderación de los intereses públicos y generales en conflicto, "es más atendible" el de proseguir las actuaciones para la instalación del ATC, que pretende una "pronta y correcta" gestión de los residuos radioactivos amparando a todas las especies animales y al medio en general, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para aves para proteger a una o varias especies animales.

De este modo, el Tribunal Supremo estima el recurso de la Administración General del Estado contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que habían denegado la medida cautelar de suspensión del acuerdo del Gobierno castellano-manchego.

La Sala III revoca esos autos y decreta la suspensión cautelar, lo que comunicará al Gobierno de Castilla-La Mancha "para su inmediato cumplimiento". El alto tribunal no comparte con el TSJ de Castilla-La Mancha que la premura que impulsa la petición de suspensión cautelar formulada por el abogado del Estado sea fundamentalmente económica.

De hecho, el Supremo alega y razona que "dicho perjuicio está en el entorpecimiento a la gestión de los residuos radioactivos y, por consiguiente, el debilitamiento de la seguridad nuclear, con lo que se daña un servicio público esencial". indica la sentencia.

A juicio del alto tribunal, la perturbación que a esos intereses públicos se puedan causar es lo que el TSJ castellanomanchego debió haber sometido al juicio de ponderación, "lo que no hizo, al limitarse a comparar el interés general en la protección ambiental con un cuantioso perjuicio económico, que no pasa de ser contable frente al inaplazable de proteger a una o varias especies animales del riesgo de desaparición, sin tener en cuenta que con una pronta y correcta gestión de los residuos radioactivos se está amparando a todas las especies animales y al medio en general".

Respecto de las alternativas a que se refieren las resoluciones del TSJ de Castilla-La Mancha, el Supremo no las comparte. Por un lado, se refiere a la existencia de otros mecanismos legales para velar por la seguridad nuclear, como la declaración de la existencia de razones imperiosas de interés público de primer orden.

En este sentido, precisa que es cierto que en uno y otro precepto se establece que los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, que sólo podrán contradecir o no acoger el contenido de esos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales por razones imperiosas de interés público de primer orden".

"Ahora bien en el caso sometido al enjuiciamiento del Tribunal de instancia no existe un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que impida la actuación relativa al Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos, sino de un acuerdo en el que se decide iniciar un procedimiento para la ampliación del Espacio Protegido y la Modificación del Plan de Ordenación que, de aprobarse, podría generar la mentada contradicción o incompatibilidad".

Por otro lado, tampoco le parece al Supremo que la construcción en las centrales nucleares de Almacenes Temporales Individualizados pueda señalarse como alternativa a la suspensión cautelar del acuerdo de incoación del procedimiento de ampliación del espacio protegido. Pues, según añade, éstos no se han considerado en las sentencias ya dictadas por esta Sala del Tribunal Supremo una alternativa al ATC de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad.

En dichas sentencias la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró ajustado a derecho el acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de diciembre de 2011, por el que se aprueba la designación del emplazamiento para el ATC en Villar de Cañas (Cuenca).

Y ahora, ¿qué? 

El TS lo que ha realizado es una "suspensión cautelar" a la espera de dictar una sentencia firme sobre este asunto. Asimismo, para llevar a cabo la construcción de este ATC, a día de hoy, hay que superar otros dos escollos:

Por un lado, el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas (Cuenca) que, actualmente, está suspendido. Y, por otro lado, la presentación del informe del impacto medioambiental de este cementerio nuclear en la localidad conquense. Este último es un requisito fundamental para que la Junta de Castilla-La Mancha otorgue los permisos a Enresa, la empresa adjudicataria, para la construcción de esta instalación nuclear. 

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