Domingo, 29 de Noviembre de 2020

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Canal de Isabel II

El Canal pagó abogados privados para evitar el derribo del campo de golf ilegal de Esperanza Aguirre

La empresa pública, Canal de Isabel II, no recurrió a sus propios letrados, prefirió pagar 20.500 euros al despacho Cuatrecasas Tampoco utilizó el servicio jurídico de la Comunidad, a pesar de que hay una Ley que reconoce ese derecho desde 1999

Sin embargo, desde hace casi 20 años, ningún Gobierno madrileño ha firmado los convenios necesarios para permitir esa asistencia jurídica pública de sus empresas

Esperanza Aguirre en el acto de presentación del campo de golf de Canal en 2007

Esperanza Aguirre en el acto de presentación del campo de golf de Canal en 2007 / Juanjo Martínez (EFE)

Una empresa pública, recurriendo a abogados privados. No es la primera vez que ocurre, ni será la última. Esta vez, ha sido el Canal de Isabel II —empresa pública de la Comunidad de Madrid, en cuyo accionariado también están otros 111 municipios de la región. Según ha podido comprobar la Cadena SER, el Canal de Isabel II, a pesar de tener sus propios letrados, pagó 20.596,02 euros al bufete Cuatrecasas. Esa fue la minuta que abonaron, entre enero de 2015 y octubre de 2016. El Canal encargó a este reconocido despacho de abogados privados su defensa ante el recurso que interpuso la asociación de vecinos ‘Parque Sí en Chamberí’ contra la Comunidad de Madrid y el Canal, a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligó a derribar el campo de golf que Esperanza Aguirre levantó en los terrenos del Canal, una operación que la justicia sentenció que fue “ilegal”.

El Canal de Isabel II no solo obvió a sus propios abogados, también pudo haber recurrido al equipo jurídico de la Comunidad de Madrid, pero tampoco lo hizo. Ese derecho está reconocido desde hace 20 años, por la ‘Ley 3/1999 de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid’, que contempla que “los letrados de la Comunidad de Madrid puedan asumir el asesoramiento jurídico y defensa en juicio de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid constituidas como sociedades mercantiles […] mediante la suscripción del oportuno convenio, en el que se determinará la compensación económica a abonar a la Hacienda de la Comunidad de Madrid”.

Lo sorprendente es que desde 1999 ningún gobierno ha puesto en marcha esos convenios para que las empresas públicas puedan utilizar los letrados de la Comunidad –que podrían ofrecer experiencia y tarifas más baratas. Casi dos décadas después, es ahora, cuando se están empezando a dar los primeros pasos para avanzar en este frente. Según han explicado a la SER fuentes de la Consejería de Presidencia, hace solo unos días, precisamente, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II firmó un convenio para utilizar los letrados de la Comunidad - aunque ese acuerdo todavía no ha entrado en vigor-. Otras empresas públicas, “como Telemadrid han firmado ya este convenio, y en un futuro se sumarán otras compañías como metro”, según aseguran a esta emisora desde el Gobierno de Cifuentes.

En diciembre de 2015, a través de la Ley de Medidas Fiscales, el ejecutivo regional justificó estos convenios “en el marco del compromiso de la Comunidad de Madrid con el principio de racionalización del sector público con el propósito de obtener una mayor eficacia y una mejor racionalización de sus recursos”.

Por ahora, es un misterio saber, cuánto han pagado las empresas públicas a abogados privados, durante estos 20 años en los que pudieron utilizar los letrados de la Comunidad.

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