Lunes, 18 de Octubre de 2021

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Caso fraude formación Andalucía

Núñez confirma el archivo de la pieza política de los cursos de formación

La magistrada responde al recurso del PP y dice que si los interventores no denuncian "ilícito penal" no se puede abrir una investigación como lo que inició la Guardia Civil y "avaló" el PP

Núñez confirma el archivo de la pieza política de los cursos de formaciónATLAS

La jueza de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, confirma el archivo que ya dictó de la causa política sobre el supuesto fraude en los cursos de formación en Andalucía. Afirma que estamos ante "cuestiones jurídicas interpretables, sobre las que difieren los propios interventores u operadores jurídicos". Cuestiones interpretables referidas a "las bondades o valoración de los sistemas de control, fiscalización previa o régimen de control financiero permanente" del procedimiento por el que se concedían los cursos.

El auto señala que "los reparos a la gestión de la administración ha sido y es una practica frecuente y habitual que nunca, hasta ahora, ha dado lugar a la apertura de causas penales y ello, como los propios interventores señalan, porque no detectan ilícito penal alguno sino simple y llanamente irregularidades administrativas".

La magistrada reflexiona sobre el hecho de que si los interventores no denuncian ilegalidades "cómo es posible que se abran numerosas causas penales partiendo de interpretaciones de los informes de la intervención, causasmque vienen siendo archivadas por los Juzgados de Instruccion".

La jueza, como señaló el ministerio fiscal, explica que "la apertura de investigaciones como ésta, pueden causar un grave perjuicio a muchas familias, en este caso andaluzas, cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada, a más de las personas que dejaron de recibir una formación necesaria y útil para su vida profesional. Pero lo más grave es el daño que se causa a personas cuya honorabilidad y profesionalidad se pone en cuestión viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso. Los jueces no trabajamos con papel sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida".

En la pieza política de los cursos había 24 exdirigentes de la Junta acusados, 16 de ellos detenidos por orden de Alaya, que abrió la causa en 2014.

 

 

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