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Sábado, 14 de Diciembre de 2019

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Mas asume la "iniciativa política" del 9-N

El expresidente de la Generalitat declara para defenderse de la acusación de desobediencia por haber impulsado la consulta

Artur Mas alega que el Constitucional no le advirtió de las consecuencias de desoír la suspensión

Joana Ortega, Artur Mas y Irene Rigau, en el banquillo de los acusados / ATLAS

El juicio contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau ha dado comienzo en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con media hora de retraso tras el baño de masas que se han dado por las calles de Barcelona.

Artur Mas ha anunciado que contestará a todas las preguntas de la defensa pero a ninguna de la Fiscalía ni de la acusación popular. El expresident ha asumido toda la "iniciativa política" en la organización de la consulta independentista del 9-N de 2014, una votación que ha asegurado que no fue "un capricho personal" sino el cumplimiento de un "mandato explícito del Parlament".

Mas ha afirmado que las exconselleras Ortega y Rigau se limitaron a obedecer las "directrices" que él mismo dictó para la consulta independentista, en respuesta a su abogado, Xavier Melero, tras negarse a contestar las preguntas de la Fiscalía en el juicio por el caso del 9-N.

El expresidente ha alegado que el Tribunal Constitucional no advirtió al gobierno catalán de las responsabilidades en que incurriría de mantener la consulta independentista del 9N, ni respondió a las peticiones de aclaración que le hizo llegar la Generalitat: "Nadie nos requirió, nadie nos advirtió, solo recibimos una comunicación", ha afirmado en respuesta el interrogatorio de su abogado.

Mas ha explicado que intentó llegar a acuerdos con el Gobierno central para la celebración de un referéndum con "todas las garantías" y sólo cuando hubo una prohibición por parte del Tribunal Constitucional se decidió a modificar el "formato" de la consulta independentista de 2014 tras la suspensión del Tribunal Constitucional, de forma que la ejecución de esta quedó exclusivamente en manos de voluntarios, unas 40.000 personas, a las que ha agradecido su desinteresada colaboración. Así, ha señalado, se decidió “mantener la pregunta y mantener la fecha, aunque todo el sistema de garantías de celebración cambió de manera sustancial y fue plenamente democrático y legal”, con el objetivo último de “conocer la opinión de los ciudadanos de Cataluña”, sin carácter vinculante.

El tribunal tendrá que decidir sobre la lista de testigos propuestos por las partes. Una de las defensa propone que declare en este juicio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, petición que previsiblemente será rechazada.  A continuación está previsto que declare la exvicepresidenta del Ejecutivo catalán Joana Ortega, y después la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau. Todos están acusados de desobediencia y prevaricación por celebrar la consulta independentista del 9-N pese a su suspensión por el Tribunal Constitucional.

Mas se enfrenta a partir de este lunes a una petición de 10 años de inhabilitación en un proceso en el que se dirimirá si incurrió en prevaricación y desobediencia grave al organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 tras la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Junto a él también serán juzgadas las exconsejeras de su Gobierno Joana Ortega e Irene Rigau, para las que el fiscal pide nueve años de inhabilitación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó el pasado 13 de octubre enviar a juicio al expresidente catalán Artur Mas, a la exconsellera de Educación Irene Rigau y a la exvicepresidenta Joana Ortega por desobediencia grave y prevaricación. En ese momento, el tribunal descartó imputarles un delito de malversación, el único que acarrea penas de cárcel y que había sido solicitado por las acusaciones populares.

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