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El diputado general, Ramiro González, lleva a Bruselas la denuncia sobre Garoña

En una conferencia en el Parlamento europeo, el diputado general denunció que se está incumpliendo la normativa europea

El diputado general, Ramiro González, lleva a Bruselas la denuncia sobre Garoña

Ramiro González, durante la conferencia en el Parlamento europeo

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha denunciado en el Parlamento europeo que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está "incumpliendo" la normativa comunitaria en materia de seguridad nuclear con su "oscurantismo" en torno a la posible reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima al territorio alavés.

González ha participado este lunes, en la sede de Bruselas de la Cámara europea, en una jornada sobre desmantelamiento de centrales nucleares, en la que ha alertado sobre el posible reinicio de la actividad nuclear de Garoña, que dejó de operar en 2012, pero cuya reapertura ha sido solicitada por sus propietarios (Endesa e Iberdrola).

El CSN tiene previsto pronunciarse esta semana sobre el posible reinicio de la actividad de la planta, aunque la decisión definitiva sobre el futuro de Garoña depende directamente del Gobierno central.

El diputado general de Álava, invitado por el Observatorio de Transparencia Nuclear, se ha referido a las directivas Euratom de 2009 y 2014, que establecen que los estados miembros de la UE deben facilitar la información suficiente sobre la regulación de la seguridad nuclear a la ciudadanía en general y, especialmente, a las partes que tengan ámbitos de competencia.

Dicha directiva contempla, además, que se han de proporcionar las oportunidades "adecuadas" para que se pueda participar de manera

efectiva en el proceso de toma de decisiones relativo a la concesión de licencias de instalaciones nucleares.

ÁLAVA, "LA MÁS AFECTADA"

González ha denunciado el "oscurantismo" con el que está actuando el Consejo de Seguridad Nuclear, del que ha criticado que "no facilita información alguna". También ha criticado que Álava, el territorio cuya población está "más directamente afectada" por la central, haya sido "privada de cualquier oportunidad de participar en el proceso de toma de decisión".

El Gobierno foral alavés --ha añadido-- "no ha tenido en ningún

momento acceso a la información relativa a la ampliación de la vida operativa" de Santa María de Garoña. A su juicio, esto supone "un claro incumplimiento de las directivas europeas".

"INCONCEBIBLE"

González ha reclamado que los debates del Consejo de

Seguridad Nuclear de España se desarrollen con "transparencia", algo que "no ha habido" hasta la fecha. También ha acusado al Ejecutivo español de "incumplir" el Convenio de Aarhus, que garantiza que las

autoridades públicas tengan acceso a la información y participación ambiental en defensa de los intereses de la ciudadanía.

"Es inconcebible en un Estado de Derecho que una administración pública concernida no tenga acceso a la mínima información, a pesar de haberla solicitado", ha censurado.

El diputado ha recordado que en un radio de 70 kilómetros

de la central, viven un millón y medio de personas, y que Garoña se encuentra a 40 kilómetros de Vitoria y a 60 kilómetros de Bilbao.

VIDA ÚTIL

También ha recordado que en 2011 finalizaron los 40 años de vida útil para los que fue diseñado el reactor de la central, y que su aportación a la producción energética española era, en el

momento de su cierre, de apenas un uno por ciento.

"Represento a más de 330.000 personas que en caso de accidente nuclear no podrían ser evacuadas debidamente. Esa es

mi máxima responsabilidad; Garoña es un peligro para el territorio al que represento", ha asegurado.

En su comparecencia, ha explicado la posición de las instituciones alavesas y vascas sobre la central nuclear. González ha recordado "la práctica totalidad de las instituciones" y partidos de la comunidad autónoma "han demandado de forma clara que la central sea desmantelada". La semana pasada, el Parlamento vasco, con el apoyo de todos los partidos, salvo el PP, volvió a reclamar el desmantelamiento de la planta de Garoña.

"Desde la seguridad nuclear; desde la inexistencia de un beneficio social de una reapertura; desde el principio de prevención ante un riesgo irreversible; desde la máxima preocupación hacia las personas de mi entorno, mantengo la necesidad del cierre definitivo y desmantelamiento de Garoña", ha manifestado.

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