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Viernes, 18 de Octubre de 2019

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El secretario del Ayuntamiento considera legales las cláusulas del concurso de Mercasevilla

Un consejero de Mercasa también avala la legalidad del pliego que elaboró Mercasevilla para vender el suelo y que supuestamente benefició a Sando

Venancio Gutiérrez, el que era secretario del Ayuntamiento de Sevilla cuando se convocó el concurso de Mercasevilla para vender sus suelos, ha repetido a preguntas de acusaciones y defensas que no apreció ninguna ilegalidad en las cláusulas de ese concurso, que ganó Sando porque supuestamente el pliego estaba redactado a su medida. Gutiérrez ha declarado como testigo y ha insistido, también, en que era legal convocar un concurso en lugar de una subasta, como él defendió ante los responsables del mercado central.

El exsecretario municipal ha explicado que la cláusula llamada "de limitación al alza", que supuestamente benefició a Sando, era legal aunque "anormal" y "se tenía que haber motivado". "Yo no la hubiera puesto", ha señalado porque consideraba que el suelo debía salir a subasta para que se recaudara cuando más dinero mejor, dados los problemas económicos de la empresa. "Vistas las necesidades económicas se tendría que haber optado por la subasta".

Pero los políticos supuestamente querían evitar la especulación con el terreno "y primaron los criterios políticos y los intereses políticos en el buen sentido", ha dicho.

Por otro lado, ha señalado que desconoce quién redactó el pliego. "No tengo constancia de que Torrijos (exconcejal de Izquierda Unida acusado) participara".

También ha declarado en el juico este lunes uno de los consejeros de Mercasa, empresa que forma parte de Mercasevilla. Arturo Cortés, abogado del Estado, ha opinado que el pliego no era ilegal. "No tengo conciencia de que fuera ilegal".

Los dos votaron a favor de ese pliego en los órganos de Mercasevilla.

En el banquillo se sientan diez personas, entre ellos dos exconcejales del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo; y tres directivos de la empresa Sando. Se enfrentan a los dos años de cárcel que le pide el fiscal por los supuestos delitos de fraude, exacciones ilegales y prevaricación.

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