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Miércoles, 16 de Octubre de 2019

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El interventor municipal asegura que el pliego del concurso para vender el suelo de Mercasevilla era legal

José Miguel Braojos insiste en que el exdirector de Vía Pública encargó a una funcionaria que elaborara parte de las cláusulas de ese concurso

El interventor del Ayuntamiento de Sevilla, José Miguel Braojos, ha manifestado en el juicio por la supuesta venta irregular de los terrenos de Mercasevilla a Sando que no vio ningún "atisbo de ilegalidad" en las cláusulas del concurso que se había convocado. También ha dicho que la fórmula del concurso era legal y él entendía que con esta fórmula, en lugar de la subasta, los políticos desearan evitar la especulación.

Braojos ha relatado una reunión informal mantenida en el año 2009, cuando ya se estaban investigando los hechos, entre él, el secretario municipal y la acusada María Victoria Bustamante, técnico de urbanismo. En ella le pidieron, ha contado, que no fuera diciendo por ahí que ellos dos habían dirigido el pliego porque era incierto. En ese momento él le preguntó: "¿A ti quién te ha encargado esto?", en relación al pliego. A lo que ella respondió: "Castaño", el exdirector de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla que también está acusado y a quien luego ha definido como el "jefe político de Bustamante" y un cargo "etéreo" porque era personal eventual de confianza.

El interventor también ha señalado como redactores de las cláusulas del concurso a los encausados Jorge Piñero y José Antonio Ripollés.

Sobre los políticos acusados ha manifestado que no tiene constancia de que los exconcejales, Antonio Rodrigo Torrijos o Gonzalo Crespo, participaran en la redacción del pliego.

Este miércoles también ha prestado declaración el que era delegado comercial de la empresa NOGA, que también concursó para lograr los terrenos de Mercasevilla. Antonio Barba ha dicho que cuando se abrieron los sobres con las ofertas, en un despacho de Mercasevilla, escuchó que el concurso "se le podría dar a Sanma (filial de Sando) o Sando", que resultó ganadora cuando se efectuó la valoración.

La jueza ha impuesto una multa de 3.000 euros a Antonio Pardal, responsable empresa Larena, citado hoy como testigo y que no se ha presentado en el juicio. Se la retirará si justifica debidamente su ausencia por causa mayor.

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