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Jueves, 12 de Diciembre de 2019

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La Archidiócesis de Sevilla crea el Protectorado Canónico

Se pondrá en vigor el 1 de marzo como un órgano interno administrativo, cuya función será asesoramiento, apoyo técnico, coordinación y tutela de parroquias, hermandades, fundaciones y demás entidades religiosas

La Archidiócesis de Sevilla contará desde el 1 de marzo con un órgano interno administrativo diocesano, el Protectorado Canónico, cuya función es el asesoramiento, apoyo técnico, coordinación y tutela de determinados aspectos esenciales de las entidades canónicas sujetas al Arzobispo de Sevilla.

Se trata del primer organismo de esta índole creado en la Iglesia en España, y se enmarca en la política de transparencia de la Archidiócesis de Sevilla en su gestión económica.

¿Qué instituciones están incluidas en el ámbito de aplicación del Protectorado?

Las parroquias, los entes diocesanos autónomos, fundaciones pías autónomas, asociaciones públicas y privadas de fieles (art. 1.2).

¿Quiénes componen el Protectorado?

El secretario general y canciller, el delegado episcopal para Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías y el ecónomo diocesano (art. 2).

¿Cuál es la finalidad del Protectorado?

Este organismo tiene como objetivo principal la colaboración con las entidades incluidas en su ámbito de aplicación. Con su creación se les procura un mejor servicio desde la estructura diocesana con objeto de facilitar su actividad.

En el artículo tercero de la normativa reguladora del Protectorado se detallan estas finalidades: “mejorar el funcionamiento, buen gobierno, transparencia y administración de dichas entidades, integrando toda su documentación e información en una misma unidad que garantice los principios de eficacia y eficiencia, optimizando los recursos existentes en la Archidiócesis de Sevilla”.

 El Protectorado facilitará que las entidades canónicas puedan cumplir con las obligaciones derivadas del ordenamiento canónico y civil, y en especial las derivadas de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. El Protectorado asesorará a estas entidades sobre cuestiones relativas a su régimen jurídico, económico-financiero y contable, y las orientará en diversas situaciones relacionadas con su actividad (art. 5).

¿Cambia la obligación de las entidades de rendir cuentas?

Esta obligación no cambia. El protectorado recabará y registrará la rendición de cuentas de estas entidades, al objeto de comprobar que cumplen con lo dispuesto en la normativa general y particular canónica, y, en especial, que los bienes se emplean para el cumplimiento de sus fines. Las entidades comunicarán al Protectorado las cuentas correspondientes al ejercicio económico vencido, el plan de actuación y el presupuesto de ingresos y gastos del siguiente ejercicio.

La novedad reside en un procedimiento regulado a estos efectos: las entidades deberán presentar sus cuentas en el plazo de un mes desde su aprobación (en el cabildo o asamblea correspondiente). En el caso de las parroquias, antes del 28 de febrero de cada año.

El Protectorado comprobará, a instancia de la entidad, la conveniencia de los actos que modifiquen sustancialmente la estructura de su patrimonio. Velará también por el cumplimiento de la normativa canónica y civil, y comprobará que las modificaciones de sus reglas o estatutos sea conforme con el Derecho Canónico y la normativa particular de la Archidiócesis de Sevilla. Además, se establece una organización en los organismos de la Curia diocesana para ofrecer un mejor servicio a estas entidades.

 

 

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