Martes, 25 de Enero de 2022

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Condenan al expresidente de Aretxabaleta a dos años de prisión

La Audiencia de Álava le obliga a devolver 545.000 euros de los que se apropió para su beneficio

Miguel Acedo, expresidente de la Junta de Aretxabaleta, comparece en la Audiencia de Álava por un juicio contra él por presunta apropiación indebida de 545.454 euros

Miguel Acedo, expresidente de la Junta de Aretxabaleta, comparece en la Audiencia de Álava por un juicio contra él por presunta apropiación indebida de 545.454 euros / Cadena SER

El expresidente del concejo de Aretxabaleta, Miguel Acedo, ha sido condenado por la Audiencia de Álava a dos años de prisión y al pago de más de 545.000 euros de los que se apropió para su beneficio y el de terceros tras la venta de una finca del municipio por 1,5 millones.

La sentencia considera que el acusado es autor de un delito de apropiación indebida, aunque rechaza la petición de 8 años de cárcel de la Fiscalía al entender que no concurre la agravante de prevalecerse del cargo público que ocupaba.

El tribunal considera probado que, tras vender el concejo una finca por valor de 1,5 millones de euros, Acedo hizo numerosas extracciones de dinero hasta retirar un total de 545.454 euros que destinó a la organización de fiestas patronales, cursos de informática, viajes para jubilados, acampadas para niños y a los equipos deportivos, entre otras actividades. No obstante, la sentencia considera que, a pesar de que una parte sí redundó en beneficio del concejo, otra fue para beneficio propio del acusado y de terceras personas.

Asimismo desestima la alegación del acusado de que no tenía facturas o justificantes de los pagos porque se quemaron en un incendio de la sede del concejo, ya que no se ha probado ninguno de estos hechos.

La Audiencia recalca que el acusado no tenía un trabajo remunerado conocido y además se ha constatado que durante varios años el concejo pagó el teléfono móvil de Acebo y el fijo de su madre.

No obstante, no le aplica la agravante de haberse prevalido del carácter público de su cargo porque no hay ningún dato que avale que accediera a este puesto con la idea de vender la finca y apoderarse del dinero.

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