Miércoles, 22 de Septiembre de 2021

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Caso Aznalcóllar

Revisar los correos corporativos no vulnera la intimidad ni el secreto de las comunicaciones

La Fiscalía respalda que la jueza que investiga la adjudicación de la mina de Aznalcóllar pueda revisar los correos corporativos de los funcionarios que participaron en el concurso

Mina de Aznalcóllar: Revisar los correos corporativos no vulnera la intimidad ni el secreto de las comunicaciones

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"La diligencia que se ordena no es ni indiscriminada ni innecesaria ni supone el inicio de una investigación prospectiva, puesto que lo que aquí se investiga es un delito de prevaricación". La jueza Patricia Fernández, que investiga el concurso que convocó la Junta para explotar la mina de Aznalcóllar, tiene el respaldo de la Fiscalía para revisar todos los correos electrónicos corporativos que durante tres años enviaron o recibieron los funcionarios que tuvieron alguna participación en la adjudicación. Correos que se refieran a ese particular.

Una de las investigadas, la viceconsejera y exdirectora general de Minas, María José Asensio, recurrió la decisión alegando que se vulneraban derechos fundamentales, el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Vulneración de derechos que no aprecia la fiscal.

Citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la Fiscalía de Sevilla explica que se van a revisar cuentas de correos que usan los empleados públicos en su trabajo "donde no puede haber mensajes privados". Y por tanto, estamos ante mensajes que pueden ser "vigilados por el empresario". Algo que también permite el Estatuto de los Trabajadores.

El Ministerio Público recuerda que la jueza de instrucción está "vinculada por el auto" de la Audiencia que le ordenó reabrir una investigación que había archivado. Y por ello debe acordar las diligencias que considere oportunas "para confirmar o desmentir los extremos que la Sala haya considera indiciarios de prevaricación".

El escrito pone de manifiesto que es llamativo "la aceptación de un empleado público de una invitación a una recepción de una compañía licitadora o que va a serlo o la asistencia de empleados públicos a una reunión en la sede de una compañía licitadora".

También respalda la Fiscalía que sea la Intervención General del Estado, y no la de la Junta, la que nombre a los funcionarios que deben realizar la pericia sobre supuestas irregularidades en las bases del concurso o en la tramitación de la adjudicación. "Es aconsejable que sea la Intervención General del Estado porque uno de los denunciados es interventor de la Junta", afirma.

La Audiencia de Sevilla ordenó reabrir la investigación "ante el cúmulo de incumplimientos importantes" de las bases del concurso minero. Se trata "a priori de indicios de ilegalidad severas y arbitrarias" que podrían suponer un delito de prevaricación, según la Sección Séptima.

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