Jueves, 21 de Octubre de 2021

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La Fiscalía pide más diligencias para "investigar" a León de la Riva, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez

Javier León acompañado de sus concejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco (31-10-2014)

Javier León acompañado de sus concejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco (31-10-2014) / Agencia Ical

El caso de la "Comfort letter" - según la información conocida por la Cadena SER- incluye hoy novedades de gran relevancia, que reafirman no sólo la imputación de Javier León de la Riva, sino que afectan a los otros dos políticos del Partido Popular: el exconcejal de Infraestructuras, Manuel Sánchez, y el actual concejal del Grupo Municipal del PP, Alfredo Blanco, que fue el máximo responsable de la Concejalía de Hacienda durante las últimas legislaturas.

La Fiscalía ha planteado un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid en el que plantea diversas actuaciones, incluida una nueva fase de declaraciones de Javier León, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, que deberán acudir en condición de "investigados" y, por tanto, acompañados de un abogado.

En el recurso la Fiscalía modifica el criterio tanto sobre la fase de instrucción -para que continúen las diligencias- como por los hechos que deberían ser objeto de imputación y sobre los presuntos responsables.

Todo se basa en la última documentación aportada por el Ayuntamiento de Valladolid sobre la firma de otras dos cartas de conformidad en julio de 2008 y en septiembre de 2010, "prescindiendo absolutamente de los trámites preceptivos, y con perjuicio de la Causa pública". Es decir, que el exalcalde estampó previamente su firma en dos "comfort letters" muy similiares a la que ha sido el detonante del caso, la suscrita en enero de 2011 como aval de 100 millones de euros por los créditos del soterramiento.

La Fiscalía establece que en las fechas en las que Javier León de la Riva firmó esos documentos "los responsables" de las Áreas de Hacienda e Infraestructuras eran Alfredo Blanco Montero y Manuel Sánchez Fernández.

"La fase procesal de investigación no puede darse por terminada sin resolver acerca de la procedencia de conocer, en este procedimiento, de los hechos indicados, y sin practicar determinadas diligencias que se revelan esenciales, a la vista de los mismos, aun cuando no se ampliara el objeto de la instrucción".
 

También solicita un informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Valladolid sobre el procedimiento que debería haberse seguido en la suscripción de las dos cartas de conformidad. También se pide que se informe sobre el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento en esa fecha ya que se avalaba un crédito de 70 millones de euros.

Lo único que acepta la acusación pública es el "sobreseimiento provisional" en relación a Carlos Baró, asesor personal de Javier León de la Riva en los temas ferroviarios. 

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