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Lunes, 19 de Agosto de 2019

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La ampliación de la línea C5 de Móstoles a Navalcarnero tendrá que esperar “a la sentencia”

Lo ha dicho el Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, que estuvo en Móstoles en el acto de homenaje a los Héroes de la Independencia

El alcalde de Móstoles, David Lucas y el Consejero de Transportes, Vivienda e infraestructura, Pedro Rollán, izan las banderas en el homenaje a los Héroes de la Independencia en Móstoles /

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, ha asegurado este martes en Móstoles que para acometer cualquier actuación sobre la ampliación de la línea C5 a Navalcarnero el Gobierno regional tendrá que "esperar a la sentencia".

"Ojalá encontremos una posible solución, pero todo parece indicar que en el momento en el que está todo judicializado en este contencioso administrativo, sin precedentes en España, tendremos que esperar", ha señalado Rollán, quien esta asistió en Móstoles al acto de homenaje a los Héroes de la Independencia.

Rollán se ha referido así a los contratos de obra y ejecución de la línea de tren que uniría Móstoles con Navalcarnero, que lleva paralizada desde junio de 2010.

El consejero ha insistido en que están poniendo "todo el empeño" en que este expediente se resuelva de manera satisfactoria para la Comunidad de Madrid pero ha resaltado que "va a ser un expediente muy complicado, complejo y voluminoso", ya que se le reclama a la concesionaria OHL "más de 300 millones de euros."

"La intención es que quien se presentó de manera voluntaria, con unas condiciones muy por encima de las exigencias que presentaba el pliego, cumpla con lo que es su obligación", ha reiterado Rollán.

Las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en el año 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.

En junio de 2015 y tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

"Estando el Gobierno en funciones, en 2015, ellos decidieron resolver el contrato unilateralmente, al entrar en concurso de acreedores", han explicado desde la Consejería, alegando que "fueron ellos los que asumieron la obra en función de unas expectativas", pero que "si desestimaron continuar la obra, no es su problema".

Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaría en septiembre de 2017.

"Como ya ha transcurrido el tiempo suficiente, se ha comprobado que OHL no va a culminar las obras y como ya es imposible que lo hagan en el plazo que se les dio, se decidió finalmente iniciar este proceso de resolución de contrato", insisten desde la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

El Ayuntamiento de Móstoles, que además pretendía que se implicara el Ministerio de Fomento, también ha aprobado su personación en la reclamación contra la empresa concesionaria que ha presentado el Gobierno regional con el fin de exigir las responsabilidades económicas, judiciales y políticas necesarias.

OHL ha concluido de forma preliminar, tras un proceso interno de análisis "la inexistencia de conductas irregulares o ilícitas" por parte de la compañía en relación con la denominada Operación Lezo por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II. En un comunicado, OHL explica que tan pronto tuvo conocimiento de los hechos que habían motivado esta operación "puso en marcha, a través de sus direcciones de Auditoría Interna y de Cumplimiento, un proceso de análisis" para comprobar varios hechos.

También el exnúmero dos de Podemos, Íñigo Errejón ha calificado al municipio de Móstoles como "la zona cero" de la Operación Lezo, después de que esta localidad "se pagaran millones por un tren a Navalcarnero que nunca se llegó a construir".

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