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Viernes, 06 de Diciembre de 2019

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Fiscalía ya puede investigar las presuntas facturas irregulares del Provincial

La Intervención de la Generalitat le ha entregado el informe en el que denuncia una presunta facturación irregular de 33 millones de euros

La Fiscalía Provincial de Castellón ya ha recibido el informe sobre las presuntas facturas irregulares del Hospital Provincial que superan los 30 millones de euros. A partir de ahora se inicia un periodo de análisis en el que la Fiscalía determinará si abre un proceso judicial o si archiva la causa. Hay que recordar que las supuestas facturas irregulares proceden de la época de gobierno del PP en la Generalitat y en la Diputación.

La Fiscalía Provincial de Castellón ya tiene a su disposición el informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana sobre las presuntas facturas irregulares que se han encontrado en el Hospital Provincial de Castellón. Unas facturas que corresponden a las empresas Piaf, ligada a la trama Gürtel, el Grupo Domo y Telecso y que se emitieron entre 2003 y 2015 según la denuncia de la Gerencia del centro.

De esta forma la Fiscalía va a comenzar a estudiar toda la documentación para ver si existen indicios delictivos. Una vez termine su investigación, para la que no existe un plazo marcado, la Fiscalía tendrá que decidir si inicia un proceso judicial o si archiva la causa.

En este sentido hay que apuntar que hay algunos dirigentes como el ex presidente de la Diputación y del PP provincial Carlos Fabra, además del actual presidente Javier Moliner, que han estado en la vicepresidencia del consorcio hospitalario durante el periodo en el que se ha producido esa presunta facturación irregular. A ellos hay que sumar los consellers de Sanitat de esa etapa entre los que están Vicente Rambla y Rafael Blasco.

Por cierto, los trabajadores del Hospital Provincial se han reunido este viernes con el presidente de la Diputación, Javier Moliner, para trasladarle el malestar con las últimas decisiones que ha tomado la Conselleria de Sanitat. Las principales críticas van enfocadas al despido o no renovación de 17 empleados lo que, según los sindicatos, está provocando listas de espera y una peor atención a los ciudadanos.

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