Lunes, 13 de Julio de 2020

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Justicia

Un administrador de fincas, condenado por no pedir ayudas para cambiar el ascensor

Deberá indemnizar a la comunidad con 9.600 euros

La sentencia sostiene que la comunidad cumplía los requisitos para recibir las ayudas públicas.

La sentencia sostiene que la comunidad cumplía los requisitos para recibir las ayudas públicas. / Getty Images

La Audiencia de Cantabria ha confirmado que un hombre que actuaba como administrador de fincas debe indemnizar con 9.600 euros a una comunidad de propietarios de Torrelavega por no tramitar adecuadamente una solicitud de ayudas para unas obras para el cambio de ascensor.

En una sentencia que ya es firme, porque el demandado no ha recurrido ante el Tribunal Supremo, la Audiencia rechaza la apelación que planteó contra la sentencia del Juzgado que en marzo del pasado año dio la razón a la comunidad de vecinos.

Según se explica en la sentencia del Juzgado, en una junta celebrada en septiembre de 2012, los vecinos decidieron pedir unas ayudas para unas obras de acuerdo con el plan de rehabilitación de edificios vigente entonces, y encargaron al administrador su tramitación.

Aunque este administrador presentó la solicitud de las ayudas en nombre de la comunidad, un mes más tarde el Gobierno de Cantabria le demandó que aportara nuevos documentos.

Sin embargo, el administrador no respondió a ese requerimiento y tampoco informó a los vecinos de que debían hacerlo, por lo que finalmente se entendió que se desistía de las ayudas, algo que tampoco transmitió a la comunidad esta persona.

Cuando, ya en octubre de 2014, comenzaron las obras, los vecinos tampoco pudieron acogerse a las ayudas que la Consejería de Obras Públicas convocó, porque cuando la convocatoria se hizo pública la obra ya estaba terminada.

La juez de primera instancia considera que la actuación del administrador supuso "una negligencia" en el cumplimiento de sus obligaciones, que produjo un perjuicio para la comunidad, por la pérdida de las subvenciones.

La Audiencia señala que la comunidad estaba en condiciones de obtener las ayudas previstas en caso de solicitarlas y aportar correctamente la documentación requerida.

Esa subvención llegaba hasta un cuarenta por ciento del presupuesto de cada vecino, con una cuantía máxima de 5.000 euros por vivienda.

La Audiencia entiende que la comunidad podría haberse beneficiado de la ayuda y subraya que el incumplimiento por el demandado de sus obligaciones le produjo "un daño consistente en la pérdida de dicha subvención", lo que le obliga a indemnizar por ello.

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