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Sábado, 25 de Enero de 2020

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El Gobierno Vasco propone conceder como máximo una RGI por cada domicilio

El departamento de Empleo plantea una veintena de modificaciones para acceder a esta ayuda social

Beatriz Artolazabal, consejera de Empleo y Políticas Sociales /

El Gobierno Vasco plantea establecer con carácter general la concesión de un máximo de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por cada domicilio, con independencia de la vinculación familiar o no entre los residentes. Se computarán los ingresos de los residentes y se otorgará una única ayuda por cada piso, aunque habrá "las excepciones oportunas", según la consejera.

Es una de las propuestas para la reforma de la normativa sobre ayudas sociales que la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presentado hoy en comisión parlamentaria las propuestas que ha elaborado su Departamento de cara a una reforma de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos.

Artolazabal ha planteado quince modificaciones concretas y cinco cambios de la normativa. Otra de las propuestas es modificar la fórmula para determinar la cuantía básica de la prestación y de los complementos. La cuantía básica sería de 450 euros al mes y los complementos, como máximo de 200 euros. La prestación máxima de RGI para cualquier composición familiar ascenderá a 1.200 euros mensuales, similar a la actual.

También se proponen medidas que permitan certificar la residencia efectiva en el País Vasco de los solicitantes, tanto durante el plazo de empadronamiento exigido como durante la percepción de la ayuda. Plantea reducir en doce meses, a los dos años de padrón mínimo en el caso de las unidades familiares con hijos menores a su cargo. Los refugiados y solicitantes de asilo quedarán exentos.

En la actualidad, la ley impide acceder a la prestación a quienes disponen de bienes inmuebles diferentes a la vivienda habitual y el Gobierno Vasco quiere modificar este aspecto para que no se impida la RGI a las personas que objetivamente precisan de la ayuda por tener ingresos de muy baja cuantía. En este sentido, plantea un sistema de minoración parcial de la prestación vinculado al valor valor catastral de los bienes.

Sobre los pagos y cobros indebidos, se establecería la "prescripción" de la responsabilidad de los beneficiarios de pagos indebidos una vez transcurrido un plazo de 24 meses desde la percepción de esas cantidades sin que se haya producido por parte de Lanbide notificación o reclamación de los mismos. Esta prescripción solo afectaría a los cobros indebidos en los que no haya habido "dolo o voluntad de fraude".

Asimismo se quieren fijar sanciones para los "cooperadores" de casos de fraude y se fijará en 400 euros mensuales la cuantía máxima percibida en concepto de complemento salarial.

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