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Admitido a trámite el recurso del Ayuntamiento contra Hacienda

El Gobierno municipal alegó “indefensión jurídica” después de que el Ministerio le exigiera reservar 238 millones por “incumplir la regla de gasto”, cálculo que Ahora Madrid considera “injusto”

Manuela Carmena y Cristóbal Montoro, al término de su reunión en noviembre de 2016 /

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra las resoluciones del Ministerio de Hacienda por las que exigían la adopción de acuerdos de no disponibilidad y denegaban la aprobación del Plan Económico-Financiero (PEF).

Así fue ordenado por la Sección Sexta del TSJM el 31 de mayo, solo dos días después de que el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la portavoz, Rita Maestre, presentaran el recurso en nombre del Gobierno municipal (Ahora Madrid). En cuanto a la medida cautelar de suspensión de los acuerdos de no disponibilidad, el TSJM ordena formar pieza separada de medidas cautelares, da al Ministerio un plazo de 20 días para que envíe el expediente administrativo y le concede 10 días para alegaciones sobre la medida cautelar.

El recurso se refiere a la regla de gasto tal y como la interpreta actualmente el Ministerio de Hacienda. Esta regla “supone la creación de un tercer objetivo ajeno al mandato constitucional, una clara extralimitación normativa, ya que tal regla de gasto debería considerarse un instrumento para alcanzar el objetivo de estabilidad y no un objetivo en sí mismo”. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, insiste el Gobierno de Carmena, “la estabilidad parece sobradamente demostrada con un superávit superior a los mil millones y un ritmo acelerado de reducción de deuda”.

“Creemos que el cálculo de Hacienda no es justo para la ciudad de Madrid y lo que estamos defendiendo es que existen otras interpretaciones”, dijo Maestre, además de recalcar que el Consistorio “cumplirá con la legalidad aunque la cuestione”.

“La presentación del recurso lo que indica es que hay motivos legales más que suficientes para discutir esa ley”, añadió Sánchez Mato.

El recurso destaca la paradoja de que el Ayuntamiento cumple los requisitos exigidos en el artículo 135 de la Constitución y en la normativa europea, pero incumple con la regla de gasto en los términos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

A la espera de la respuesta judicial, en el pleno de la semana pasada se alcanzaron los últimos acuerdos de no disponibilidad sobre los 238 millones. Sánchez Mato subrayó en ese pleno que estos acuerdos “no afectarían a ninguna inversión ni política pública”, puesto que se habían encontrado “vías de financiación alternativas” para todas ellas.

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