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Viernes, 21 de Febrero de 2020

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El Tribunal de los ERE quiere empezar el juicio en diciembre

El ponente del juicio político ha convocado a los abogados el día 23 para acordar un calendario

Juan Antonio Calle Peña, el juez ponente en el juicio político de los ERE, desea que la vista comience en diciembre y que se celebren cuatro sesiones a la semana, de lunes a jueves en horario de mañana. El Tribunal se reunirá el viernes 23 con todos los abogados que están personados en este procedimiento para tratar de cerrar en unas semanas un calendario concreto. Su objetivo es que el juicio empiece en diciembre con las cuestiones previas y que tras un periodo de estudio se inicien los interrogatorios ya en el mes de enero o febrero.

La vista se celebrará en la cuarta planta de la Audiencia de Sevilla, en la sala que habitualmente celebra sus juicios la Sección Tercera. Un espacio amplio pero donde se harán obras para ganar más metros.

En el banquillo se sentarán 22 acusados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. También los exconsejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

A estas personas se las va a enjuiciar por un supuesto delito continuado de prevaricación y otro de asociación ilícita; además a algunos de ellos, entre los que se encuentra Griñán, se les juzgará también por un delito continuado de malversación de fondos públicos.

Todos ellos supuestamente participaron en la creación, gestión y mantenimiento de una fórmula de pago de ayudas a empresas y a trabajadores que supuestamente es ilegal. Eran ayudas, sostienen las acusaciones, sin regular, que vulneraron durante una década la Ley de la Hacienda Pública de la Junta y la Ley de Subvenciones. Fueron subvenciones pagadas al margen de esa Ley de Subvenciones que obligaba a que se fiscalizara previamente el gasto.

Ayudas abonadas mediante las transferencias de financiación de Empleo a la agencia pública IDEA, que eran el órgano pagador. Con esa fórmula se evitaban supuestamente los controles y se defraudó a las arcas públicas 741 millones de euros, señaló el juez Martín en el auto de procesamiento.

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