Jueves, 27 de Enero de 2022

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Fiscalía pide 8 años de prisión para Victorino Alonso por Nueva Julia

Solicita a la Audiencia de León la apertura de juicio oral por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente del que también tendrá que responder el jefe de explotación

Fiscalía exige la restauración inmediata

Fiscalía exige la restauración inmediata / Ecologistas en Acción

El empresario minero Victorino Alonso y el jefe de explotación del pozo Julia en Cabrillanes, se enfrentan a una petición de 8 años de prisión cada uno después de que el Ministerio Fiscal les acuse de un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. Es la calificación que, según ha podido saber Radio Bierzo, ha hecho la Fiscalía de área de Ponferrada y de la que tendrán que responder ante la Audiencia Provincial de León, a la que se pide apertura de juicio oral.

En el informe se considera que la actividad desarrollada primero por MSP y después por Coto Minero Cantábrico, en los parajes conocidos como La Mora y Nueva Julia, han provocado una afección gravísima para el medio ambiente en el entorno natural, sin que se haya desarrollado actividad de restauración alguna por la empresa explotadora.

La explotación está en pleno Espacio Natural Alto Sil, es zona Zepa y Zec, está enclavada en la red Natura 2000, está en plena Reserva de la Biosfera y en ella se encuentran especies en peligro de extinción como el Oso Pardo o el Urogallo

En los fundamentos se recoge que desde que se abandonó la explotación en el año 2011 y fue liquidada la sociedad concursal, la dirección de Coto Minero Cantábrico ha hecho caso omiso a las exigencias de restauración tramitadas desde la Junta y a las que se ha sumado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó al reino de España por autorizar este cielo abierto sin tener en cuenta las consecuencias para el hábitat de recuperación del Urogallo y el Oso Pardo.

Entre esos efectos se apunta a la alteración de la composición química de las aguas existentes con riesgo para la población por la cercanía de la captación de agua, alteración grave de los cauces. Se señala también la incidencia en las especies protegidas del Urogallo y el Oso Pardo dada la alta vulnerabilidad de la zona explotada. Unido a esto, también se recogen efectos negativos en los hábitats de interés comunitario. Concretamente en 274hectáreas de Brezal, de las que 35hectáreas están en zona protegida; 100 hectáreas de pendientes rocosas silíceas cuya recuperación es dificultosa.

Pero además, la actividad de MSP y Coto Minero Cantábrico se desarrolla, según recoge el escrito del Fiscal, de manera plenamente consciente y deliberada sin tener en cuenta las disposiciones de la Declaración de Impacto Ambiental en vigor para desarrollar la actividad, que además no se distinguía de la zona de restauración y que se amplió a una zona del ayuntamiento de Villablino sin contar con los permisos municipales. De hecho, en esas 19,69 hectáreas explotadas se carecía de licencia de apertura y urbanística, no tenía declaración de impacto ambiental ni autorización de uso excepcional de suelo rústico, ni permiso de la Cuenca para actuar sobre el Dominio Público.

Ante todo esto, la Fiscalía considera que procede imponer a los dos acusados, empresario y jefe de explotación, 8 años de prisión con inhabilitación especial para ejercicio del derecho de sufragio pasivo; 30 meses de multa y responsabilidad personal subsidiaria en caso de incumplimiento de un año de prisión; así como inhabilitación especial para el ejercicio de labores en la administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales por un periodo de seis años y nueve meses.

Además, se exige la restauración completa del daño ecológico y ambiental ocasionado por MSP y Coto Minero entregando las cantidades económicas que se fijen para que sea la administración regional la que pueda llevar a cabo las intervenciones de acuerdo con los planes de restauración ya aprobados.

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