Sábado, 06 de Junio de 2020

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Vall d'Alba

Francisco Martínez adjudicó contratos por 4 millones de euros a empresas de Gürtel

Los socialistas recuerdan que el ex alcalde de Vall d'Alba contrató con regularidad a FACSA, LUBASA y PIAF

Imagen del ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, en el centro

Imagen del ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, en el centro / cadena SER (Cadena SER)

El exalcalde de Vall d’ALba, Francisco Martínez, adjudicó contratos por más de 4 millones y medio de euros a empresas investigadas en la trama Gürtel por financiar supuestamente de forma irregular al Partido Popular. El secretario general del PSPV en Vall d’Alba, Fernando Grande, considera que este fue el motivo por el que el PP protegió a Martínez, que estuvo 24 años al frente de la alcaldía.

Entre los años 2006 y 2013, el alcalde de Vall d’Alba, Francisco Martínez, adjudicó contratos por un valor de cuatro millones y medio de euros a empresas como FACSA, LUBASA y PIAF. Proyectos que en el caso de LUBASA estaban relacionados con asfalatado de caminos y calles, urbanizaciones y mejoras de los accesos al municipio, además de la construcción de una escuela infantil. FACSA obtuvo adjudicaciones por el control de los vertidos y la ampliación de la red de agua potable. PIAF cobró más de 400.000 euros por trabajos de reforma y mejora del edificio del Ayuntamiento. El secretario general del PSPV, Fernando Grande, ha asegurado en declaraciones a Radio Castellón, que estas cifras explican el motivo por el que el Partido Popular mantuvo a Francisco Martínez durante 24 años al frente de la alcaldía de Vall d’Alba. Grande afirma que Martínez fue respaldado como alcalde por los ex presidentes de la Generalitat, "Francisco Camps y Alberto Fabra, y por líderes de la Diputación de Castellón, como Carlos Fabra y Javier Moliner".

Los empresarios Enrique Gimeno, del grupo Gimeno, Antonio y Alejandro Pons, de PIAF, y Gabriel Alberto Batalla, de LUBASA, admitieron el pasado mes de febrero que financiaron supuestamente de forma irregular las campañas del Partido Popular en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, un caso que se investiga en el marco de la trama Gürtel, por la supuesta financiación irregular del PP. Los empresarios llegaron a un acuerdo de conformidad, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara penas de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil.

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