Sábado, 16 de Octubre de 2021

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Cruce de denuncias a cuenta de GISA y el ‘caso Teatro’

El gobierno ve irregularidades en los antiguos responsables de la empresa y el PP cree se pagó indirectamente al abogado del ‘caso Teatro’

El gobierno considera que hubo irregularidades en la contratación y posterior despido de un abogado en GISA

El gobierno considera que hubo irregularidades en la contratación y posterior despido de un abogado en GISA / Ayuntamiento de Getafe

Este jueves el equipo de gobierno de Getafe ha llevado al Consejo de Administración de la empresa pública GISA la denuncia contra antiguos responsables de la compañía por presuntas irregularidades. Una querella que sin embargo no ha sido apoyada ni por el Partido Popular ni por Ahora Getafe, estos últimos aludiendo a la falta de información de la que ha proveído el Ejecutivo local.

En cualquier caso, la denuncia iría contra la exgerente Marisa Gil “por su oscurantismo en la gestión”, según fuentes municipales, y por procesos de contratación “poco claros”. La querella se extiende al abogado Alberto Ganga y a la concejala no adscrita Mónica Cerdá.

Sin embargo el PP también ha anunciado una querella, contra estas dos últimas personas pero también contra la alcaldesa Sara Hernández por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Según los populares, el abogado Ganga tuvo una indemnización de 60.000 euros tras solo un mes de trabajo en GISA, algo que consideran que supone el pago indirecto de la acusación del ‘caso Teatro’, llevada por el letrado. Cabe recordar que en este caso de presuntas irregularidades de la reforma del centro están involucrados varios concejales del PP y el exalcalde y diputado autonómico Juan Soler. El propio Soler cree que esa acusación es “un complot” detrás del que está la actual alcaldesa, como demostraría esa “indemnización injustificable”.

Según la concejala de Empleo Nieves Sevilla ha explicado que en realidad la contratación de Ganga y el inicio del procedimiento de despido parten de la anterior corporación, liderada por el Partido Popular, si bien finalizó con la indemnización en septiembre de 2015, ya con Sara Hernández como presidenta de GISA. Por tanto, la irregularidad partiría del anterior Ejecutivo, si bien será la justicia quien lo determine.

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