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Miércoles, 13 de Noviembre de 2019

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La defensora del Ciudadano de Palma reclama acortar el tiempo de respuesta a las demandas

Anna Moilanen recomienda revisar normativas "obsoletas", como la ordenanza de ocupación de la vía pública

La Defensora de la Ciudadanía de Palma considera que el Ayuntamiento debe mejorar su tiempo de respuesta al ciudadano. Anna Moilanen fue nombrada hace un año y en estos meses ha gestionado 152 expedientes. Desde entonces, afirma, ha llevado a cabo un centenar de reuniones con vecinos y asociaciones. La defensora ha presentado hoy en un pleno extraordinario la Memoria del año 2016. En ella destacan la voluntad política de valorar la administración y plantear posibles mejoras.

Con el objetivo de mejorar el bienestar cívico, desde la Oficina recomiendan al Ayuntamiento de Palma acortar el tiempo de respuesta al ciudadano, que coincide también con la última recomendación hecha por la defensora del Estado Español. Moilanen explica que las diferentes áreas dictaminan y resuelven a través de los decretos y resoluciones los problemas, pero no tienen los instrumentos necesarios para hacer un seguimiento de los mismos.

La defensora dice que el Ayuntamiento debe mejorar en la eficiencia para corregir una mala praxis y tiene que realizar una revisión exhaustiva de normativas obsoletas, como la ordenanza municipal de ocupación de vía pública. También recomienda desarrollar una mejor coordinación y comunicación entre las áreas, sobre todo en urbanismo y planificación. En relación a las quejas que reciben por parte del ciudadano, la defensora confirma que los porcentajes son "prácticamente de un 24% en el área de urbanismo y en relación a la contaminación acústica y ruido un 22%". En el área de multas casi un 17% y licencia de actividades un 13,56%. Respecto a la falta de actuación policial las reclamaciones representan un 11,86%. Además, un 10,17% por obras y un 8,5% en relación a la limpieza y recogida de residuos que Moilanen, explica, "es evidente que el sistema debe mejorar, pero Emaya está intentando dar respuesta al problema". 

La Oficina, órgano independiente e imparcial,  se puso en marcha en 2007 y actualmente son cuatro los trabajadores que la llevan a cabo. Desde esta plantean estudios que tienen relación directa con el bienestar de la población. Moilanen concluye que el grave problema al que se debe poner solución es a la deficiente capacidad de respuesta de las administraciones.

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