Domingo, 24 de Octubre de 2021

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El Juzgado imputa a León de la Riva, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco

El Juzgado de Instrucción número 4, según el auto conocido por la SER, imputa prevaricación administrativa a los tres políticos del PP por el caso de la "comfort letter"

Alfredo Blanco, Javier León de la Riva y Manuel Sánchez, en una imagen de archivo

Alfredo Blanco, Javier León de la Riva y Manuel Sánchez, en una imagen de archivo / ICAL

Noticia de última hora que adelantamos en la Cadena SER y que afecta al exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, y dos de los concejales del Partido Popular. Auto de imputación para los tres miembros del PP por el caso de la comfort letter, las cartas de conformidad que se suscribieron en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana como aval de los créditos del soterramiento.

El auto de imputación, al que ha tenido acceso la Cadena SER, supone que Javier León , el exconcejal de Planificación Urbanística, Manuel Sánchez, y el actual concejal del PP , Alfredo Blanco, están a un paso de ser juzgados. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 4 advierte de la apertura de juicio oral cuando concluyan los trámites. Ahora , se procede a " dar el traslado previsto en el artículo 780.1 de la LECrim. al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que en el plazo común de diez días, solicite/n la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligengencias complementarias".  

A los tres se les imputa un delito de prevaricación administrativa por su responsabilidad jurídica en la firma de las comfort letter. Pero además, a Javier León de la Riva, que fue alcalde de Valladolid durante 20 años, y que ya fue condenado por desobediencia , se le imputa un delito de falsedad documental.

En realidad fueron tres los documentos rubricados en los preceptivos informes y sin que ningún órgano municipal tuviera conocimiento.  El 28 de julio de 2008 el entonces alcalde firmó la primera "comfort letter" para avalar el crédito de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad por valor de 200 millones de euros. El 24 de septiembre de 2010 firmó la segunda para refinanciar la operación ferroviaria por 70 millones de euros. Y finalmente el 26 de enero rubricó la tercera, que suponía la financiación de 400 millones de euros, de los que 100 corresponderían al Ayuntamiento de Valladolid.  El auto es muy claro sobre la responsabilidad de los políticos municipales. 

  "Los referidos documentos firmados por el entonces Alcalde contenían extremos no reales, faltaban a la verdad en la narración de los hechos y suponían la intervención de los órganos competentes de la Corporación Municipal en la adopción de unos acuerdos y autorizaciones que no se había producido, causando además un resultado materialmente injusto. Así afirmaban en la cláusula segunda que “todas las actuaciones de índole societario, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documentos (así como del Contrato de crédito, del Convenio de 6 de noviembre de 2002 y las diferentes convenios firmados con la Acreditada) han sido debidamente realizadas y adoptadas y que no existe circunstancias ni se ha interpuesto reclamación alguna que pudiera resultar en la invalidez, inejecutabilidad o anulabilidad de los acuerdos adoptados…”, cuando eso no era real."

En la resolución judicial se relata la firma de dos documentos previos muy similares a la "confort letter" que desencadenó el caso en enero de 2011. 

Con posterioridad, la citada sociedad, para cancelar las deudas preexistentes y financiar su proyecto firmó el 14 de febrero de 2011 un contrato de línea de crédito, con varias entidades bancarias por un importe máximo de 400 millones de euros. El contrato fue precedido, por exigencia y requerimiento de las entidades financieras, de la firma de una carta de compromiso o conformidad. En el caso del Ayuntamiento de Valladolid, el entonces Alcalde Francisco Javier León de la Riva, firmó, con pleno conocimiento de lo que hacía y la trascendencia que tenía, una carta de conformidad con fecha 26 de enero de 2011. Carta de conformidad, como garantía del préstamo y cuyo contenido era de suma trascendencia para el Ayuntamiento de Valladolid.

El Juzgado sostiene que se incumplieron todos los requisitos legales.

La firma de la citada carta de conformidad se hizo nuevamente por el entonces Alcalde sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto para la aprobación del acto administrativo que constituía la firma del citado documento y ello a sabiendas de que efectivamente no se estaba siguiendo el trámite correspondiente. Se firmó sin la previa autorización o conocimiento del pleno del Ayuntamiento (órgano competente para ello), sin el preceptivo informe de la intervención municipal y sin que el Ayuntamiento tuviera capacidad financiera para concertar lo que venía a ser un aval por importe de 100 millones de euros, dado su nivel de endeudamiento.  

 

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