Lunes, 18 de Octubre de 2021

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El Ayuntamiento puede pedir penas de prisión para León de la Riva

Óscar Puente precisa que la falsedad documental que se imputa al exalcalde conlleva penas de cárcel. Además, se le atribuye prevaricación administrativa junto a Manuel Sánchez y Alfredo Blanco

Javier León, junto a Manuel Sánchez, el día que prestó declaración en el Juzgado de Instrucción número 4

Javier León, junto a Manuel Sánchez, el día que prestó declaración en el Juzgado de Instrucción número 4 / Agencia Ical

El peregrinaje de Javier León de la Riva por los juzgados puede ser mucho más angustioso del que se preveía al inicio del proceso de la "Comfort letter", cuando el caso se limitaba a la carta de conformidad que el exalcalde firmó el 26 de enero de 2011 como aval de los créditos del proyecto ferroviario, que sumaban 404 millones de euros ( 101 millones, un 25% corresponden al Ayuntamiento de Valladolid).

El Ayuntamiento de Valladolid previsiblemente solicitará en el escrito de la acusación penas de prisión, derivadas de uno de los delitos que se le imputan, "falsedad documental". Óscar Puente afirmó en la SER que los servicios jurídicos defenderán el interés público, aunque advirtió que "es un hecho extremadamente grave y los delitos que se imputan, falsedad, tiene pena de cárcel y por tanto que nadie se sorprenda que tanto el Ayuntamiento como la Fiscalía actúen conforme al Código Penal". 

Las otras dos cartas de conformidad adjuntadas posteriormente -rubricadas el 28 de julio de 2008 como aval de 200 millones de euros y el 24 de septiembre de 2010 para refinanciar la operación con otros 70 millones- son el fundamento del auto de imputación del exalcalde y  dos concejales de su máxima confianza, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco.  

A los tres políticos del Partido Popular el Juzgado de Instrucción número 4 les imputa delitos de prevaricación administrativa, que lleva aparejada la inhabilitación, en caso de condena. 

Sin embargo, la falsedad documental conlleva penas de cárcel, según el Código Penal.

"Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad".

El artículo 390 es un ejemplo de lo que puede acarrear ese delito, aunque naturalmente se contemplan todas las posibilidades. 

El alcalde reiteró que todas las iniciativas adoptadas por el Ayuntamiento de Valladolid están encaminadas a impedir que los bancos puedan reclamar el pago de 100 millones de euros. Por eso, el pleno anuló la "Comfort letter", aunque los bancos recurrieron el acuerdo. A continuación fue presentada la querella criminal para impedir cualquier perjuicio económico. 

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