Martes, 15 de Junio de 2021

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El imán de Ripoll no fue expulsado en 2015 de España porque “no era una amenaza”

El juez consideró que no suponía una amenaza porque el delito cometido fue lejano en el tiempo, porque no volvió a delinquir después y porque estaba integrado

Plano general de la mezquita de Ripoll.

Plano general de la mezquita de Ripoll. / Gemma Tubert (ACN)

El imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, fallecido en la explosión de Alcanar y supuesto cerebro de la célula terrorista que el pasado jueves atentó en Cataluña, no fue expulsado de España en 2015, a pesar de existir una orden de repatriación, porque así lo decidió un juez de Castellón.

El juez, en una sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, consideró entonces que Abdelbaki Es Satty no suponía una amenaza actual porque el delito cometido fue lejano en el tiempo, y porque estaba integrado en España.

Abdelbaki Es Satty ingresó en la cárcel de Castellón por tráfico de hachís y la abandonó en 2014 con una orden de expulsión de la Subdelegación del Gobierno, que se amparó en el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería para pedir que fuera expulsado del país por haber sido condenado en España por tráfico de drogas con una pena superior a un año.

La expulsión no se ejecutó automáticamente porque cabía recurso. Es Satty recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, el juez titular en ese momento, admitió el recurso basándose en jurisprudencia anterior y argumentando que no era "una amenaza para el orden" y que el delito era "lejano en el tiempo". Según el juez, el único delito, cuya gravedad admite, se cometió 5 años atrás

El magistrado además consideró el arraigo laboral de Es Satty (estuvo trabajando y cotizando a la Seguridad social durante más de 6 años), quedando demostrados, dice el juez, "sus esfuerzos de integración".

Con todos estos datos el juez de Castellón decidió aceptar el recurso y anular la orden de expulsión del país.

El Gobierno no recurrió

El Tribunal Superior de Justicia aclara que el juez, en ese momento, no tenía información sobre sus vínculos terroristas y que la Abogacía del Estado, en representación de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, no recurrió la sentencia


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